Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación abarcadora en torno a la implantación y concreción en el cumplimiento del ordenamiento y conjunto de normas en cuanto al puesto de psicólogo escolar en el Departamento de Educación de Puerto Rico, estatuido en el Artículo 2.21 de la Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; asimismo, identificar planes y proyectos que posibiliten dicho cumplimiento. Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación abarcadora en torno a la implantación y concreción en el cumplimiento del ordenamiento y conjunto de normas en cuanto al puesto de psicólogo escolar en el Departamento de Educación de Puerto Rico, estatuido en el Artículo 2.21 de la Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; asimismo, identificar planes y proyectos que posibiliten dicho cumplimiento.

Para ordenar la Comisión de Educación, investigar la operación, implementación y retos del programa de Educación Especial, presentados por Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico específicamente los Servicios Compensatorios a estudiantes; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes a investigar la operación, implementación y retos del programa de Educación Especial del Departamento de Educación, con un enfoque particular en los Servicios Compensatorios para estudiantes. La Comisión deberá presentar un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo propuestas legislativas y administrativas, dentro de 120 días tras su aprobación.

Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de los protocolos de intervención, procedimientos y medidas adoptadas por el Departamento de Educación para atender y reportar situaciones de maltrato, como cualquier otra situación referida que constituya o represente un riesgo para la salud física o emocional de los estudiantes o en su aprovechamiento académico; así como los recursos humanos y fiscales asignados y dirigidos a estos fines; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva. Dicha investigación se centrará en cómo el Departamento de Educación maneja los protocolos, procedimientos y medidas para atender y reportar situaciones de maltrato o cualquier riesgo para la salud física, emocional o el aprovechamiento académico de los estudiantes. También se examinarán los recursos humanos y fiscales asignados a estos fines. La medida afecta directamente al Departamento de Educación, a sus empleados (especialmente trabajadores sociales y psicólogos escolares), a los estudiantes y a la Comisión de Educación de la Cámara.

Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, realizar una investigación en torno al cumplimiento de Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada, conocida “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto Rico”; así como sobre la problemática del examen de reválida para psicólogos; particularmente en lo relativo a los criterios de evaluación aplicables a profesionales con grados de maestría y doctorado; sobre los procesos que lleva a cabo la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico; evaluar otros aspectos relacionados con el ejercicio de esta profesión; y para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la Ley Núm. 96 de 1983 que reglamenta la profesión de psicólogo en Puerto Rico. La investigación se centrará en la problemática del examen de reválida, los criterios de evaluación para profesionales con grados de maestría y doctorado, y los procesos de la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico. El objetivo es evaluar el cumplimiento de la ley y otros aspectos relevantes del ejercicio profesional, afectando directamente a los aspirantes a psicólogos licenciados y a la Junta Examinadora.