Para ordenar al Departamento de Salud de Puerto Rico enmendar el reglamento 9184, a los fines de requerir a los médicos que rinden servicios de salud directos en sala de emergencia, en hospitales o nivel primario, tres (3) horas crédito en cada periodo de educación continua en temas de violencia sexual.
Qué propone
La Resolución Conjunta habría ordenado al Departamento de Salud el 9184 para exigir a médicos que brindan servicios directos en salas de emergencia, hospitales o atención primaria tres horas crédito de educación continua sobre violencia y abuso sexual por término. No elimina requisitos ni crea una . La obligación habría alcanzado a esos médicos, sin excluir expresamente a especialistas certificados en medicina de emergencia.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Comisión de Salud del Senado rindió informe con y recomendó aprobar la medida el 21 de noviembre de 2025; el Departamento de Salud se opuso. El Senado la derrotó a viva voz el 14 de enero de 2026, por lo que no entró en vigor ni modificó el 9184.
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Última acción · 14 de enero de 2026
Derrotado a viva voz
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar al Departamento de Salud requerir créditos de educación continua a proveedores y profesionales de salud en temáticas de concientización y sensibilidad con las personas con discapacidades en todas sus modalidades.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Salud de Puerto Rico a requerir que los proveedores y profesionales de la salud completen créditos de educación continua sobre temáticas de discapacidad. Específicamente, se les exigirá formación en concientización y sensibilidad hacia personas con discapacidades en todas sus modalidades, incluyendo lenguaje de señas y el Sistema Braille. El objetivo es mejorar la calidad y el trato en los servicios de salud ofrecidos a esta población.
Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la implementación y efectividad de la Resolución Conjunta 7 del 12 de enero de 2023.
La Resolución del Senado 182 ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la implementación y efectividad de la Resolución Conjunta 7 del 12 de enero de 2023. Esta investigación debe evaluar el cumplimiento y la efectividad de los programas de educación continua requeridos para enfermería sobre violencia y abuso sexual, analizar la viabilidad y progreso de la certificación SANE (Sexual Assault Nurse Examiner), e identificar retos presupuestarios, administrativos o logísticos. La Comisión deberá citar a diversas entidades y rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en 90 días calendario.
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva y detallada sobre la crisis estructural y de personal en las Salas de Emergencia de la Isla, los tiempos de espera prolongados, el cumplimiento de la ley federal EMTALA, los protocolos de ‘triage’ ESI, el manejo inicial del dolor de los pacientes, la escasez crítica de personal médico, el impacto de la población de la tercera edad en las salas de emergencia, el financiamiento insuficiente del sistema de salud mediante el block grant de Medicaid, los cierres y desvíos hospitalarios, y todas las medidas necesarias para garantizar una atención oportuna, digna y efectiva en las emergencias médicas de la población puertorriqueña y de aquellos que nos visitan.
La Resolución de la Cámara 724 ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la crisis en las salas de emergencia de la Isla. La investigación debe cubrir aspectos como tiempos de espera, cumplimiento de la ley federal EMTALA, protocolos de triage, manejo del dolor, escasez de personal, impacto de la población envejecida, financiamiento de Medicaid y cierres hospitalarios. El objetivo es proponer medidas para garantizar atención de emergencias oportuna y digna. La medida no crea derechos ni obligaciones legales, ni asigna fondos, sino que es un mandato de investigación para la legislatura.
“Para ordenar a la Administración de Servicios de Salud (ASES) la creación de un Comité de Estudio sobre las tarifas de pago a médicos bajo Medicaid en Puerto Rico, a los fines de evaluar la disparidad existente en comparación con las tarifas federales, analizar su impacto en la retención de profesionales de la salud y la calidad de los servicios médicos, y presentar recomendaciones para garantizar pagos equitativos a los proveedores de salud en la Isla.; y para otros fines relacionados.”
La Resolución Conjunta ordena a ASES crear un Comité de Evaluación de Tarifas de Medicaid; no cambia por sí misma las tarifas ni obliga a aumentarlas. El comité tendría 13 representantes de agencias, organizaciones médicas y hospitalarias, aseguradoras, la Universidad de Puerto Rico, una entidad de acceso a la salud y otras entidades; lo presidiría ASES y la Asamblea Legislativa designaría al economista especializado. Le encarga recopilar y comparar tarifas de Medicaid y Medicaid Advantage, estudiar efectos sobre la disponibilidad de médicos y recomendar medidas. Debe rendir un informe a la Asamblea dentro de seis meses desde que se constituya.
“Para ordenar a las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de cancelación del contrato vigente con Physician Correctional, evaluando quién asumirá la prestación de servicios médicos a la población correccional y el impacto que esta decisión podría tener en la atención a los reclusos; y para otros asuntos relacionados.”
La R. del S. 94 no enmienda ni crea una ley, y tampoco cancela el contrato con Physician Correctional ni selecciona a quien prestaría los servicios médicos. Ordena a las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y de lo Jurídico del Senado investigar la cancelación, las cláusulas y procedimientos contractuales, las alternativas de proveedor y los posibles efectos de una interrupción en confinados y funcionarios del DCR. La Exposición de Motivos cifra en 7,111 la población correccional concernida. Las comisiones tendrían que entregar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 90 días de aprobarse la resolución.
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