Para enmendar el Artículo 2.056 (a) de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de establecer el tipo…

Contras

• •Impone una nueva obligación recurrente de gasto salarial a los municipios sin identificar una fuente específica de financiamiento, lo que, según la Oficina de Asesoría Legal y Presupuestaria (OPAL), podría generar gastos adicionales de aproximadamente $7.9 millones anuales para los municipios y requerir que estos recurran a aumentos de impuestos o asignaciones adicionales del Fondo General.
• •Ignora las diferencias fiscales y presupuestarias entre los 78 municipios, al imponer una obligación salarial uniforme que podría ser desproporcionada para aquellos con mayores limitaciones económicas, y contraviene la autonomía municipal para administrar sus recursos humanos y salariales según su realidad financiera, como señaló la Asociación de Alcaldes.
• •El mecanismo salarial propuesto carece de una base o análisis comparativo que justifique la razonabilidad del salario mínimo de $2,200 o los ajustes anuales de $100, y no distingue entre los diferentes rangos de la Policía Municipal (cadete, sargento, capitán, etc.), a pesar de las diferencias en responsabilidades y escalas retributivas.
• •La entrada en vigor de la ley está sujeta a la identificación y certificación de fondos por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y las administraciones municipales, y a la confirmación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) bajo PROMESA y el Plan Fiscal, lo que crea incertidumbre sobre cuándo, o si, la medida se implementará efectivamente.