Para añadir un inciso (g) al Artículo 3 de la Ley 454-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio”, a los fines de disponer que los reglamentos de suministro de servicios esenciales que contengan una fianza de pago o depósito permitirán el pago prorrateado del monto requerido; disponiéndose, sin embargo, que la entidad gubernamental correspondiente podrá imponer un cargo equivalente al cinco (5%) por ciento del total requerido de fianza, cuando se otorgue el pago diferido de la misma.

Para enmendar el Artículo 13 de la Ley 23-2011, según enmendada, conocida como “Ley para Regular el Negocio y las Operaciones en las Casas de Empeño”, para establecer que los consumidores podrán pactar con las casas de empeño plazos mayores a los 15 meses en los contratos de prenda.

Esta medida enmienda el Artículo 13 de la Ley 23-2011, conocida como la Ley para Regular el Negocio y las Operaciones en las Casas de Empeño. Propone permitir que los consumidores y las casas de empeño pacten plazos de pago mayores a los 15 meses originalmente establecidos en los contratos de prenda. El objetivo es ofrecer mayor flexibilidad en los términos de los préstamos garantizados por objetos empeñados.

Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico”, a los fines de ampliar su acceso a fondos, otorgarle mayor autonomía administrativa y agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura crítica; excluir a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de las disposiciones de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, permitiéndole gestionar sus propios procesos sin interferencias burocráticas; y para otros fines relacionados.

La medida busca enmendar la Ley 44 de 1988 para expandir el acceso a fondos y la autonomía administrativa de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Esto incluye excluir a la AFI de las regulaciones de compras centralizadas de la Ley 73-2019, permitiéndole gestionar sus propios procesos de adquisición, y clarificar su capacidad para acceder a diversos programas de financiamiento federal. El objetivo es agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura crítica, especialmente aquellos necesarios para cumplir con decretos ambientales y aprovechar oportunidades de fondos federales.

Para crear la “Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño” a los fines de establecer un programa de reembolso salarial, beneficios y planes de pago de utilidades para las empresas que ante una merma en el volumen de ventas, ganancias o producción que deseen proteger la cantidad de empleados que tienen a tiempo completo y/o transicional los empleados de medio tiempo a tiempo completo; establecer los requisitos de elegibilidad para que una empresa pueda acogerse a los beneficios dispuestos bajo esta Ley; definir las facultades y responsabilidades de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico en la administración de esta Ley; derogar el Artículo 2.4 de la Ley Núm. 120 de 31 de julio de 2014, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”; asignar fondos para su implementación; y para otros fines relacionados.

La medida propone crear la Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño para establecer un programa de incentivos y beneficios dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas en riesgo de cierre o despidos. Los beneficios incluyen reembolso salarial (hasta 50% del salario mínimo estatal), tasas contributivas preferenciales (5%-20% sobre ingresos), planes de pago de deudas contributivas sin intereses ni penalidades, exenciones parciales en patentes municipales y contribuciones sobre propiedad mueble/inmueble (hasta 50% o 100% por 3 años), y descuentos en primas del Fondo del Seguro del Estado (50% por 3 años). También contempla planes de pago para deudas de servicios de energía eléctrica y agua potable. La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (DDEC) administrará el programa, certificando empresas elegibles que demuestren merma en ventas, ganancias o producción y que estén considerando cesantías o cierres. La vigencia de los beneficios es de hasta tres años, y las empresas deben comprometerse a mantener su plantilla de empleados.