PC 306

Para enmendar el Artículo 3.010 de la Ley Núm. 107 de 13 de agosto de 2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, añadir un nuevo inciso c, con el…

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Para enmendar el Artículo 3.010 de la Ley Núm. 107 de 13 de agosto de 2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, añadir un nuevo inciso c, con el fin de estipular las normas y procedimientos a seguir por el Consejo, Junta o Asociación de Residentes de Urbanizaciones de Control de acceso, para la adquisición de bienes y servicios; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

El P. de la C. 306 el Artículo 3.010 del Código Municipal para añadir reglas sobre cómo las asociaciones de residentes de urbanizaciones con control de acceso compran bienes y contratan servicios; el artículo regula cuotas y cobro de deudas, pero no esos procesos de adquisición. Según las enmiendas descritas en el informe de comisión, exigiría tres cotizaciones para ciertos gastos de hasta $10,000, según umbrales del 1% del presupuesto anual o del 20% de la partida correspondiente, y subasta para contrataciones que excedan $10,000, con opción de usar solicitudes de propuestas. Para proyectos que superen el 2% del presupuesto anual o el 20% de la partida, se convocaría una asamblea para aprobar la obra y seleccionar al contratista, aunque el informe contempla selección directa en asamblea para ciertos proyectos sin subasta formal. También requeriría expedientes de contratación disponibles a los propietarios y conservados por al menos 10 años, publicación anual de estados financieros, reglas sobre conflictos de interés y garantías; permitiría mecanismos alternos durante emergencias declaradas por el Gobierno. El informe no describe que se elimine una disposición vigente del Artículo 3.010; el texto operativo del inciso propuesto no está reproducido, por lo que estos detalles corresponden a la descripción del informe.

Pros

•Cubre un vacío concreto del Artículo 3.010: las asociaciones tendrían que documentar cotizaciones, contratos, facturas y pagos, conservar los expedientes por al menos 10 años y permitir que los propietarios los revisen. Esto les daría a los titulares acceso verificable a información sobre compras que hoy no se exige en ese artículo.
•Establece competencia entre proveedores para las adquisiciones sujetas a cotizaciones o subasta, y da voz a los propietarios en ciertos gastos: si no se obtienen tres cotizaciones o no se escoge la oferta de menor precio, la decisión se llevaría a una asamblea; para proyectos que excedan los umbrales descritos, la asamblea aprobaría la obra y escogería al contratista.
•Impone límites específicos a integrantes de la Junta: no podrían recibir regalos y, según el informe, no podrían contratar con familiares sin consentimiento previo de los propietarios reunidos en asamblea. Eso añade controles frente a conflictos de interés en las compras de la asociación.

Contras

•Las obligaciones de crear un de compras, tramitar cotizaciones o subastas, mantener expedientes de todas las contrataciones, publicar estados financieros y establecer garantías pueden aumentar el trabajo y los costos que pagan las asociaciones con sus cuotas. Los requisitos descritos no se ajustan expresamente al tamaño de la comunidad para esas obligaciones generales, aunque sí usan umbrales para algunos procesos de compra.
•La relación entre los umbrales y los métodos de selección puede ser confusa: el informe describe subasta para contrataciones sobre $10,000, pero también permite selección directa en asamblea para ciertos proyectos mayores. Además, utiliza umbrales porcentuales del presupuesto anual o de una partida sin que el resumen del informe precise cómo resolver todos los casos en que ambos criterios produzcan resultados distintos; esa incertidumbre podría generar disputas sobre cuándo corresponde competir y cuándo puede escogerse directamente.
•La excepción descrita se activa ante emergencias declaradas por el Gobierno. Una reparación urgente que no esté cubierta por una declaración oficial podría quedar sujeta a los procedimientos ordinarios, aunque esperar cotizaciones o una asamblea retrase una respuesta necesaria.

Intereses en juego

Beneficia a:: Los propietarios de las urbanizaciones con control de acceso, porque recibirían acceso a expedientes de compras y participación en determinadas decisiones de gasto; también los proveedores tendrían procesos de competencia definidos para las contrataciones sujetas a cotizaciones o subasta.
Preocupa a:: Las juntas voluntarias y las asociaciones, que tendrían que administrar los nuevos procedimientos, y los residentes que financian esos costos mediante las cuotas. También pueden verse afectados si los trámites retrasan compras o reparaciones.
Quién paga o decide:: Los costos administrativos recaerían en las asociaciones y, en la práctica, en sus fondos financiados por las cuotas de los residentes. Las juntas gestionarían las compras; los propietarios decidirían en asamblea en los casos descritos. La declaración gubernamental de una emergencia determinaría cuándo podría usarse la excepción.

En qué va

El 25 de marzo de 2025, la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara rindió un con y remitió la medida a la Comisión de Calendarios. La medida permanece y no consta aquí su aprobación final.

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Trámite legislativo

Última acción · 25 de marzo de 2025

Remitido a Comisión de Calendarios de la Cámara

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