Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, “Ley Orgánica del Departamento de Salud”, el Artículo 7 de la Ley 41-1991, según enmendada, conocida como “Ley para Regular la Relación entre el Departamento de Estado y las Juntas Examinadoras Adscritas” y el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 del 27 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de Certificados de Antecedentes Penales”, con el propósito de establecer disposiciones específicas sobre el uso y solicitud del certificado de antecedentes penales para ejercer ciertas profesiones en Puerto Rico, de manera tal que se continúe fomentando la rehabilitación de personas convictas por haber cometido delito en nuestra jurisdicción, así como insertar procesos de manera electrónica en estos procesos, de conformidad con los procedimientos que establezca Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), en virtud de la Ley 75-2019; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2.048 y 2.062 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; enmendar la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los artículos 5 y 7, y añadir un nuevo Artículo 10-B, en el Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”; y enmendar los artículos 1 y 6 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, mediante la cual se autoriza al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública a expedir los denominados “certificados de antecedentes penales”, con el propósito de restituir la facultad del Departamento de Corrección y Rehabilitación para expedir el denominado “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar”, y para permitir el empleo de exconfinados y exconfinadas en el servicio público municipal, salvo por las excepciones enumeradas en esta Ley, en aras de fomentar su reinserción en la comunidad como personas productivas y útiles y restaurar el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda varias leyes y planes de reorganización para restituir al Departamento de Corrección y Rehabilitación la facultad de expedir el 'Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar'. Permite que exconfinados y exconfinadas puedan ser empleados en el servicio público municipal, con excepciones específicas, para fomentar su reinserción social y productiva.

Para enmendar del Articulo 6 y 10 de la Ley Núm. 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, con el objetivo de establecer una vigencia de tres (3) años para las certificaciones y hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 350 enmienda la Ley Núm. 300-1999 para extender la vigencia de las certificaciones de historial delictivo para proveedores de servicios a poblaciones vulnerables (niños, personas con impedimentos, profesionales de la salud) de un (1) año a tres (3) años. Introduce una revisión anual 'libre de costo' para detectar cambios en el historial delictivo antes de que expire la certificación de tres años. Busca reducir cargas administrativas y costos para proveedores y agencias, mientras se mantiene la seguridad de las poblaciones protegidas.

Para enmendar los incisos A.(4), B.(4) y C.(4) del Artículo 8 de la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas” a los fines de aclarar los parámetros del requisito de antecedentes penales que se solicita para obtener la licencia de perito electricista; y para otros fines relacionados

Esta medida enmienda la Ley de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas (Ley 115 de 1976) para modificar el requisito de antecedentes penales al solicitar licencias de aprendiz, ayudante y perito electricista. Permite que la Junta evalúe caso a caso los antecedentes penales positivos, considerando los delitos cometidos y el cumplimiento de sentencia, en lugar de una prohibición automática. Sin embargo, excluye de forma definitiva para las licencias de ayudante y perito electricista los delitos de abuso de menores, agresión sexual o actos lascivos.