Para enmendar los incisos A.(4), B.(4) y C.(4) del Artículo 8 de la Ley Núm. 115 de 2 de junio de 1976, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas” a los fines de aclarar los parámetros del requisito de antecedentes penales que se solicita para obtener la licencia de perito electricista; y para otros fines relacionados

Para añadir unos nuevos incisos (u) y (v) al Artículo 1.2, añadir el sub-inciso (viii) al Artículo 1.4 y enmendar el Artículo 1.8 de la Ley 17-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública Energética”; para enmendar la Secciones 2 (e) de la Ley 120-2018, según enmendada, conocida como la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”; a los fines de reducir el costo de la electricidad mediante un sistema de despacho eficiente que garantice un servicio; para establecer métricas objetivas para un operador futuro; incorporar el principio de justicia ambiental; que el proveedor mantenga en óptimas condiciones la red eléctrica, de modo que esta sea más confiable, resiliente y eficiente; establecer que el Negociado de Energía no participará en procesos de adjudicación o supervisión de contratos de alianzas, para evitar conflictos de intereses o aun la apariencia de conflictos de intereses, entre ambas funciones; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Política Pública Energética (Ley 17-2019) y la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico (Ley 120-2018) para reducir el costo de la electricidad mediante un sistema de despacho eficiente y establecer métricas objetivas para futuros operadores. Incorpora el principio de justicia ambiental y exige el mantenimiento óptimo de la red eléctrica para mayor confiabilidad y resiliencia. Crucialmente, retira al Negociado de Energía (NEPR) de la adjudicación y supervisión de contratos de alianzas público-privadas para evitar conflictos de interés.

Para derogar los Artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 254 de 27 de Julio de 1974, según enmendada, conocida como la “Certificado de Antecedentes Penales” e insertar dos nuevos Artículos 3 y 4, a los fines de establecer que una vez extinguida la pena impuesta en su totalidad, al momento de liberarse al convicto se haga entrega de un récord de antecedentes penales negativo con excepción a los que hayan delinquido en los siguientes casos: asesinato en todas sus modalidades, agresión sexual, pornografía infantil (producción, posesión, propaganda, transmisión o distribución), corrupción, crímenes de violencia de género y/o crímenes de lesa humanidad; y para otros fines relacionados

La medida propone derogar los Artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 254 de 1974, conocida como la ley del Certificado de Antecedentes Penales, para insertar nuevos artículos. Estos nuevos artículos establecerían que, una vez cumplida en su totalidad una pena impuesta, se eliminará la condena del récord de antecedentes penales. Sin embargo, esta eliminación no aplicará a personas convictas por delitos de asesinato, agresión sexual, pornografía infantil, corrupción, crímenes de violencia de género o crímenes de lesa humanidad. El proceso de eliminación varía entre delitos menos graves (solicitud ante el Superintendente de la Policía) y delitos graves (solicitud ante el Tribunal de Primera Instancia, con requisitos adicionales). Afecta directamente a las personas con historial delictivo que hayan cumplido sus sentencias y que no hayan cometido delitos de las categorías excluidas.

Para enmendar el Artículo 2.9A y el Artículo 9.12(c) de la Ley 161-2019, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de excluir el requisito de un permiso de uso para la instalación de servicios básicos en una residencia para uso familiar construidas con anterioridad a la aprobación de la Ley 161, supra; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 161-2019 (Ley para la Reforma del Proceso de Permisos) para excluir el requisito de un permiso de uso para la instalación de servicios básicos (agua, electricidad) en residencias familiares construidas antes de la aprobación de dicha ley (antes de 2009). El objetivo es facilitar el acceso a estos servicios esenciales a propietarios de viviendas antiguas, independientemente de si sus estructuras cumplen con los requisitos de permisos actuales.