Para enmendar el inciso (h) del Artículo 9 y el inciso (d) del Artículo 12 de la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de 1970, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado” a los fines de aclarar los parámetros del requisito de antecedentes penales que se solicita para obtener la licencia de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado; y para otros fines.

Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, “Ley Orgánica del Departamento de Salud”, el Artículo 7 de la Ley 41-1991, según enmendada, conocida como “Ley para Regular la Relación entre el Departamento de Estado y las Juntas Examinadoras Adscritas” y el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 del 27 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de Certificados de Antecedentes Penales”, con el propósito de establecer disposiciones específicas sobre el uso y solicitud del certificado de antecedentes penales para ejercer ciertas profesiones en Puerto Rico, de manera tal que se continúe fomentando la rehabilitación de personas convictas por haber cometido delito en nuestra jurisdicción, así como insertar procesos de manera electrónica en estos procesos, de conformidad con los procedimientos que establezca Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), en virtud de la Ley 75-2019; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 5, propone enmendar tres leyes para modificar el proceso de solicitud de certificados de antecedentes penales para ejercer ciertas profesiones. Busca facilitar la rehabilitación y reinserción social de personas con historial delictivo, permitiendo que las juntas examinadoras evalúen individualmente las solicitudes en lugar de rechazarlas de plano por antecedentes. También introduce la digitalización de estos procesos a través del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). Afecta directamente a aspirantes a profesiones reguladas por el Departamento de Salud y otras entidades, así como a las juntas examinadoras y la Policía de Puerto Rico en la expedición de certificados.

Para enmendar los Artículos 2.048 y 2.062 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; enmendar la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los artículos 5 y 7, y añadir un nuevo Artículo 10-B, en el Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”; y enmendar los artículos 1 y 6 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, mediante la cual se autoriza al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública a expedir los denominados “certificados de antecedentes penales”, con el propósito de restituir la facultad del Departamento de Corrección y Rehabilitación para expedir el denominado “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar”, y para permitir el empleo de exconfinados y exconfinadas en el servicio público municipal, salvo por las excepciones enumeradas en esta Ley, en aras de fomentar su reinserción en la comunidad como personas productivas y útiles y restaurar el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda varias leyes y planes de reorganización para restituir al Departamento de Corrección y Rehabilitación la facultad de expedir el 'Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar'. Permite que exconfinados y exconfinadas puedan ser empleados en el servicio público municipal, con excepciones específicas, para fomentar su reinserción social y productiva.

Para crear la “Ley para la Reintegración y Rehabilitación del Confinado mediante la Eliminación de Antecedentes Penales”, estableciendo un término máximo de treinta (30) días, contado a partir del cumplimiento total de la sentencia impuesta por el Estado, para que se remueva de manera automática la información delictiva del certificado de antecedentes penales del confinado, en cumplimiento con el mandato constitucional de la rehabilitación; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley para la Reintegración y Rehabilitación del Confinado mediante la Eliminación de Antecedentes Penales. Establece un plazo máximo de treinta (30) días, a partir del cumplimiento total de una sentencia, para que la información delictiva sea removida automáticamente del certificado de antecedentes penales. Esta eliminación aplica a delitos menos graves o delitos graves de naturaleza no violenta, excluyendo aquellos cuya acción penal no prescribe según el Código Penal.