PC 817

Para enmendar el inciso (h) del Artículo 9 y el inciso (d) del Artículo 12 de la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de 1970, según enmendada, conocida como “Ley de la…

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Para enmendar el inciso (h) del Artículo 9 y el inciso (d) del Artículo 12 de la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de 1970, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado” a los fines de aclarar los parámetros del requisito de antecedentes penales que se solicita para obtener la licencia de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado; y para otros fines.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

el inciso (h) del Artículo 9 de la Ley 36-1970: sustituye el requisito de buena conducta por presentar un certificado de antecedentes penales y, si es positivo, exige evaluar seis factores; prohíbe licenciar a quienes tengan condenas por los delitos enumerados. Añade el Artículo 9-A, que requiere una resolución escrita en 45 días hábiles, permite y revisión judicial, excluye antecedentes eliminados o indultados, autoriza licencias provisionales condicionadas y exige publicar estadísticas anuales. En el Artículo 12(d), elimina el delito grave como motivo independiente para revocar una licencia, pero mantiene la depravación moral y añade delitos específicos, incluidos maltrato y explotación financiera de adultos mayores. Afecta a aspirantes y técnicos licenciados, y entraría en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Pros

•Quienes soliciten licencia con antecedentes positivos, salvo por los delitos excluidos, obtienen una evaluación individual basada obligatoriamente en la gravedad y relación del delito con el oficio, el tiempo transcurrido y la evidencia de rehabilitación, entre otros factores. La ley solo exigía buena conducta y no fijaba estos criterios.
•La Junta tendría que emitir una decisión escrita en 45 días hábiles y publicar un informe estadístico agregado anual, lo que establece un plazo y hace visible cuántas solicitudes aprueba o deniega.
•Para los técnicos ya licenciados, una condena por cualquier delito grave dejaría de ser por sí sola motivo para revocar la licencia; el Artículo 12(d) conserva como causales la depravación moral y los delitos enumerados.
•La Junta no podría otorgar licencia a aspirantes condenados por los delitos enumerados, incluidos maltrato de menores y de adultos mayores y explotación financiera. El DCR recomendó añadir las protecciones relativas a adultos mayores para proteger a un sector vulnerable.

Contras

•El Artículo 9(h) exige certificado solo a quien sea mayor de 18 años, aunque el Artículo 9 permite solicitar licencia desde los 18. Así, una persona que tenga exactamente 18 años queda fuera del requisito expreso de presentar el certificado y de la evaluación que se activa si resulta positivo.
•La Junta puede conceder licencias provisionales condicionadas en casos justificados, pero la ley no define qué justifica concederlas ni fija duración, condiciones mínimas o supervisión. Eso deja amplio margen de decisión sobre quién puede ejercer provisionalmente.
•Para las condenas incluidas en la lista, la prohibición de licencia es absoluta y no permite ponderar el tiempo transcurrido ni la rehabilitación. El texto tampoco aclara cómo armonizar esa prohibición con la regla que impide considerar antecedentes eliminados o indultados.

Intereses en juego

Beneficia a:: Aspirantes con antecedentes positivos que no estén dentro de las exclusiones, porque tendrán criterios de evaluación y un plazo de decisión; también a técnicos licenciados cuya condena grave no implique depravación moral ni esté entre los delitos enumerados.
Preocupa a:: Aspirantes con condenas por los delitos excluidos, que no podrán obtener licencia aunque aleguen rehabilitación; y a quienes soliciten una licencia provisional, porque la Junta tendrá amplio margen para definir cuándo y bajo qué condiciones concederla.
Quién paga o decide:: La Junta decide las solicitudes y las licencias provisionales, y tendría que cumplir con las evaluaciones y publicaciones usando sus funciones ordinarias. La medida no asigna fondos; la OPAL estimó que no tendría impacto fiscal en el . La Gobernadora decide si firma o veta el proyecto.

Qué cambió en comisiónsegún el entirillado del informe

La comisión fijó factores obligatorios y una resolución escrita en 45 días hábiles, añadió la publicación anual de estadísticas y convirtió el maltrato y la explotación financiera de adultos mayores en exclusiones absolutas.

En qué va

La Cámara aprobó la medida el 1 de junio de 2026; el Senado la aprobó con el 1 de octubre y la Cámara concurrió el 8 de octubre. El 19 de octubre fue .

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 19 de octubre de 2026

Termómetro ciudadano

Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 70 (86%)En contra: 2 (2%)Ausente: 9 (11%)

La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.

Votación

Cámara · Aprobada

1 de junio de 2026

44 A favor1 En contra8 Ausente

Ver cómo votó cada quien

A favor (44)

En contra (1)

Burgos Muñiz, Lisie J.

Ausente (8)

Senado · Aprobada

1 de octubre de 2026

26 A favor1 En contra1 Ausente

Ver cómo votó cada quien

Discusión0 comentarios

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Pros

•Quienes soliciten licencia con antecedentes positivos, salvo por los delitos excluidos, obtienen una evaluación individual basada obligatoriamente en la gravedad y relación del delito con el oficio, el tiempo transcurrido y la evidencia de rehabilitación, entre otros factores. La ley solo exigía buena conducta y no fijaba estos criterios.
•La Junta tendría que emitir una decisión escrita en 45 días hábiles y publicar un informe estadístico agregado anual, lo que establece un plazo y hace visible cuántas solicitudes aprueba o deniega.
•Para los técnicos ya licenciados, una condena por cualquier delito grave dejaría de ser por sí sola motivo para revocar la licencia; el Artículo 12(d) conserva como causales la depravación moral y los delitos enumerados.
•La Junta no podría otorgar licencia a aspirantes condenados por los delitos enumerados, incluidos maltrato de menores y de adultos mayores y explotación financiera. El DCR recomendó añadir las protecciones relativas a adultos mayores para proteger a un sector vulnerable.

Contras

•El Artículo 9(h) exige certificado solo a quien sea mayor de 18 años, aunque el Artículo 9 permite solicitar licencia desde los 18. Así, una persona que tenga exactamente 18 años queda fuera del requisito expreso de presentar el certificado y de la evaluación que se activa si resulta positivo.
•La Junta puede conceder licencias provisionales condicionadas en casos justificados, pero la ley no define qué justifica concederlas ni fija duración, condiciones mínimas o supervisión. Eso deja amplio margen de decisión sobre quién puede ejercer provisionalmente.
•Para las condenas incluidas en la lista, la prohibición de licencia es absoluta y no permite ponderar el tiempo transcurrido ni la rehabilitación. El texto tampoco aclara cómo armonizar esa prohibición con la regla que impide considerar antecedentes eliminados o indultados.

Intereses en juego

Beneficia a:: Aspirantes con antecedentes positivos que no estén dentro de las exclusiones, porque tendrán criterios de evaluación y un plazo de decisión; también a técnicos licenciados cuya condena grave no implique depravación moral ni esté entre los delitos enumerados.
Preocupa a:: Aspirantes con condenas por los delitos excluidos, que no podrán obtener licencia aunque aleguen rehabilitación; y a quienes soliciten una licencia provisional, porque la Junta tendrá amplio margen para definir cuándo y bajo qué condiciones concederla.
Quién paga o decide:: La Junta decide las solicitudes y las licencias provisionales, y tendría que cumplir con las evaluaciones y publicaciones usando sus funciones ordinarias. La medida no asigna fondos; la OPAL estimó que no tendría impacto fiscal en el . La Gobernadora decide si firma o veta el proyecto.

Qué cambió en comisiónsegún el entirillado del informe

En qué va

La Cámara aprobó la medida el 1 de junio de 2026; el Senado la aprobó con el 1 de octubre y la Cámara concurrió el 8 de octubre. El 19 de octubre fue .

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