PS 1557

Para crear la “Ley para establecer la política pública sobre los juegos de azar en línea o iGaming en Puerto Rico”, añadir un nuevo Capítulo VII y reenumerar el actual Capítulo VII como Capítulo VIII, de la Ley 81-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”; establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico respecto a esta modalidad de juegos de azar; establecer el marco legal, regulatorio, contributivo y de fiscalización aplicable; definir términos; establecer requisitos, condiciones y limitaciones para operadores, proveedores y jugadores; disponer medidas de protección al consumidor, juego responsable, ciberseguridad y prevención de fraude y lavado de dinero; establecer las facultades de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y los mecanismos de coordinación con el Departamento de Hacienda, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y otras instrumentalidades gubernamentales pertinentes; establecer un arbitrio sobre los Ingresos Brutos Ajustados del Juego; disponer la distribución y utilización de los recaudos provenientes de dicho arbitrio para financiar aumentos a las pensiones de los jubilados del sector público del Gobierno de Puerto Rico; establecer multas, sanciones y disposiciones transitorias y reglamentarias; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

El P. del S. 1557 añade un Capítulo VII a la Ley 81-2019 para autorizar juegos de azar en línea de estilo casino, como tragamonedas, ruleta y blackjack; el capítulo de disposiciones transitorias pasa a ser el VIII. La Comisión de Juegos licenciaría operadores y proveedores, con licencias de cinco años y hasta tres marcas de plataforma por operador, y exigiría autorización expresa antes de iniciar operaciones. Para estos juegos, el texto exige controles de identidad, edad y ubicación, autoexclusión, límites de juego, protección de fondos y ciberseguridad; también requiere que los sistemas que lleven el registro oficial de apuestas estén en Puerto Rico, aunque permite ciertos sistemas auxiliares fuera de la isla. Impone un arbitrio de 35% del GGR para tragamonedas y juegos predominantemente aleatorios y de 14% para juegos de mesa; destina esos recaudos a financiar aumentos de pensiones, y la Exposición de Motivos cita una proyección preliminar de $11.3 millones anuales, sujeta al desempeño del mercado. La Comisión tendría tres meses desde la vigencia para aprobar los , y podría reducir hasta 50% los derechos de licencia por un máximo de diez años; la ley base no se , aunque se reenumera su capítulo final.

Pros

•Abre una vía legal para ofrecer en Puerto Rico juegos de casino por internet, que no son lo mismo que las apuestas deportivas y los concursos de fantasía ya regulados por la Ley 81-2019. Los operadores que obtengan licencia podrían ofrecer juegos como tragamonedas y ruleta, y los jugadores adultos cuya identidad, edad y ubicación se verifiquen podrían participar bajo supervisión de la Comisión.
•Extiende a esta nueva modalidad controles concretos para los jugadores: el operador debe permitir autoexclusión y límites de depósito, gasto, pérdidas o tiempo, proteger fondos e información y atender reclamaciones. Esto cubre las apuestas en línea de estilo casino que el nuevo capítulo autoriza, en vez de dejar su operación sujeta solo a las reglas generales aplicables a otras modalidades.

Contras

•La Sección 5 exime de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme toda norma aprobada para ejecutar la medida. Es una excepción amplia que, para estas reglas, desplaza los procedimientos de participación pública que la Ley 81-2019 exige al reglamentar; por tanto, jugadores, operadores y otras partes interesadas podrían tener menos oportunidad formal de comentar antes de que se adopten requisitos que les afectan.
•La obligación de ubicar en Puerto Rico los sistemas que constituyan el registro oficial de apuestas limita dónde puede operar la infraestructura central. Aunque se permiten sistemas auxiliares y de recuperación de desastres fuera de la isla, mantener localmente ese núcleo puede restringir diseños distribuidos de nube y redundancia, o aumentar costos de los operadores, sin que el texto condicione esa exigencia a una evaluación de alternativas tecnológicas.
•La Comisión puede reducir hasta 50% los derechos de licencia por hasta diez años. Aunque la reducción debe regirse por criterios uniformes y considerar el impacto fiscal y el cumplimiento, la ley no fija un umbral mínimo de inversión o empleo para recibirla, por lo que deja a la y a la Comisión un margen amplio para conceder una ventaja económica a operadores específicos.

Intereses en juego

Beneficia a:: Operadores y proveedores tecnológicos que puedan obtener licencias para ofrecer juegos de casino en línea; jugadores adultos que podrán acceder a esos juegos mediante plataformas autorizadas; y jubilados del sector público, a quienes se dirigirían los recaudos del nuevo arbitrio para financiar aumentos de pensiones.
Preocupa a:: Jugadores y público interesados en participar en la elaboración de las reglas, porque la Sección 5 excluye estas normas de los procedimientos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme; y operadores que deberán mantener en Puerto Rico los sistemas de registro oficial y pagar el arbitrio aplicable.
Quién paga o decide:: Los operadores pagan el arbitrio de 35% o 14% del GGR, según la categoría, además de los derechos de licencia que establezca la Comisión. La Comisión decide licencias, requisitos técnicos y posibles reducciones de derechos; Hacienda, en coordinación con las entidades correspondientes, establece procedimientos para distribuir y fiscalizar los recaudos. La Comisión está presidida por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio e incluye dos integrantes del sector privado nombrados por la Gobernadora con consejo y consentimiento del Senado.

En qué va

El P. del S. 1557 fue en el Senado el 16 de octubre de 2026. El trámite consignado no identifica una comisión ni acciones posteriores.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 16 de octubre de 2026

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Para crear la “Ley para establecer la política pública sobre los juegos de azar en línea o iGaming en Puerto Rico”, añadir un nuevo Capítulo VII y reenumerar el actual Capítulo VII como Capítulo VIII, de la Ley 81-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”; establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico respecto a esta modalidad de juegos de azar; establecer el marco legal, regulatorio, contributivo y de fiscalización aplicable; definir términos; establecer requisitos, condiciones y limitaciones para operadores, proveedores y jugadores; disponer medidas de protección al consumidor, juego responsable, ciberseguridad y prevención de fraude y lavado de dinero; establecer las facultades de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y los mecanismos de coordinación con el Departamento de Hacienda, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y otras instrumentalidades gubernamentales pertinentes; establecer un arbitrio sobre los Ingresos Brutos Ajustados del Juego; disponer la distribución y utilización de los recaudos provenientes de dicho arbitrio para financiar aumentos a las pensiones de los jubilados del sector público del Gobierno de Puerto Rico; establecer multas, sanciones y disposiciones transitorias y reglamentarias; y para otros fines relacionados.