“Para crear el Programa de Internado Clínico de Psicología en el Negociado de la Policía de Puerto Rico; añadir un nuevo Artículo 15-A a la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto Rico”, a los fines de establecer el requisito de servicio pro bono en el Negociado de la Policía de Puerto Rico como parte del proceso de obtención y renovación de la licencia de psicología; disponer la integración de aspirantes a la licencia y psicólogos en proceso de renovación en la División de Psicólogos y Trabajo Social del Negociado; garantizar la prestación de servicios psicológicos en las trece (13) regiones policiacas de la isla; asignar responsabilidades a la Junta Examinadora de Psicólogos y al Negociado de la Policía para la implementación y supervisión del programa; y para otros fines relacionados.”

Contras

• •La medida contraviene principios éticos y estándares profesionales de la psicología al proponer la inclusión de estudiantes e individuos en vías de renovación de licencia en funciones que requieren alta competencia, juicio clínico especializado y conocimiento profundo de la cultura policial, exponiendo a los oficiales receptores del servicio a riesgos éticos y clínicos.
• •La exigencia de servicio pro bono para psicólogos licenciados y aspirantes podría generar una sobrecarga logística y administrativa para la División de Psicología y Trabajo Social del Negociado, requiriendo supervisión y capacitación adicional por parte de personal ya existente, lo que podría resultar contraproducente.
• •La propuesta podría ser considerada una negligencia y exponer al Gobierno de Puerto Rico a retos legales, ya que la práctica de la psicología con personal de seguridad pública es una subespecialidad que requiere formación y experiencia probada, y no todo psicólogo graduado posee las competencias necesarias para evaluar o intervenir en este contexto altamente especializado y sensible.