PS 574

“Para crear la “Ley para el Establecimiento del Registro Electrónico Único de Historial Médico de Puerto Rico”, a los fines de implantar un sistema integrado y seguro que permita compartir información clínica entre instituciones de salud públicas y privadas; establecer las funciones del Departamento de Salud y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología; garantizar derechos de privacidad conforme a leyes estatales y federales; y para otros fines relacionados.”

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónRechazada

Resumen de la medida

Qué propone

La medida creaba la 'Ley para el Establecimiento del Registro Electrónico Único de Historial Médico de Puerto Rico' (REUHM). Establecía un sistema digital centralizado y seguro para compartir información clínica entre instituciones de salud públicas y privadas, bajo la administración del Departamento de Salud y en coordinación con la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS). La participación de entidades privadas sería voluntaria, pero se requeriría el consentimiento informado del paciente para el acceso y uso de sus datos, garantizando su derecho a acceder, limitar o revocar dicho acceso.

Pros

•Mejora la continuidad del cuidado y la eficiencia clínica al permitir el acceso unificado a expedientes médicos, lo que beneficia directamente a pacientes con condiciones crónicas o que requieren servicios múltiples, al evitar duplicidad de pruebas y agilizar diagnósticos.
•Fortalece la protección de la privacidad del paciente al exigir consentimiento expreso y por escrito para la inclusión y el acceso a datos, y al otorgar al paciente el derecho a acceder a su expediente y a revocar o limitar el acceso de entidades específicas, alineándose con leyes estatales y federales como HIPAA.

Contras

•La medida establece un delito menos grave por uso o divulgación indebida de datos con una pena fija de $5,000 y/o hasta seis meses de reclusión. Sin embargo, la falta de mecanismos de auditoría detallados en el articulado y la discrecionalidad en la para la implementación (Artículo 9) podrían generar riesgos de gobernanza y fiscalización insuficientes, especialmente en un sistema que maneja información sensible.
•El Artículo 7 permite la integración voluntaria de entidades privadas. Si bien se busca fomentar la participación, la falta de un mandato claro o incentivos específicos para la adhesión del sector privado podría resultar en un sistema fragmentado o de adopción lenta, limitando su efectividad como registro 'único' e 'integrado' en la práctica.
•La medida delega la aprobación de necesarios para la implantación a los Departamentos de Salud y PRITS en un plazo de 180 días. No obstante, el texto omite especificar los criterios o el proceso para la selección de la tecnología a implementar, la estandarización de formatos de datos entre diversas instituciones (públicas y privadas con diferentes sistemas preexistentes), o un plan de contingencia robusto para la migración y seguridad de datos a gran escala, dejando vacíos en la operatividad técnica.
•El Artículo 9 autoriza al Departamento de Hacienda a asignar fondos necesarios para la implantación, incluyendo fuentes como Medicaid State Plan y fondos ARPA. Sin embargo, no detalla el presupuesto específico ni establece un mecanismo claro de asignación o supervisión de estos fondos, lo que podría generar incertidumbre sobre la viabilidad financiera y la ejecución efectiva del proyecto, dependiendo de la discreción administrativa para su canalización.

Intereses en juego

Beneficia a:: Pacientes, especialmente aquellos con condiciones crónicas o que requieren múltiples servicios de salud, al mejorar la continuidad y eficiencia de su atención médica. También beneficia a proveedores de salud por un acceso más rápido a información clínica relevante.
Preocupa a:: Instituciones de salud (públicas y privadas) por la potencial carga administrativa y de cumplimiento, y al público en general por los riesgos inherentes a la seguridad y privacidad de un registro centralizado de datos médicos si la fiscalización y los controles no son rigurosos.
Quién paga o decide:: El financiamiento provendría de fondos públicos asignados por el Departamento de Hacienda, incluyendo fondos federales (Medicaid State Plan, ARPA) y otros disponibles. Las decisiones de implementación y recaerían en el Departamento de Salud y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS).

En qué va

Esta medida legislativa, el P. del S. 574, fue el Senado el 22 de abril de 2025, pasó a primera lectura y fue referida a comisión. Sin embargo, la Comisión de Salud no recomendó su aprobación el 30 de junio de 2025, resultando en su rechazo.

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Trámite legislativo

Última acción · 30 de junio de 2025

Comisión no recomienda aprobación de la medida

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