Para enmendar el Artículo 8 de la Ley 88-1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, con el propósito de finalizar la prohibición del derecho a juicio por jurado bajo algunas circunstancias y para otros fines.

Contras

• •La Comisión de lo Jurídico del Senado concluye que la medida es innecesaria y contraproducente, argumentando que someter a un menor al escrutinio público de un jurado, integrado por personas sin formación judicial, quiebra el principio de privacidad y el enfoque rehabilitador del sistema de justicia juvenil, lo cual va en tensión con la filosofía tutelar y restaurativa de la Ley 88-1986.
• •La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) señala que la medida carece de lineamientos normativos, operacionales y fiscales necesarios para su implementación, advirtiendo sobre la compleja infraestructura logística, costos asociados, necesidad de adecuar salas, crear normativa específica y el reto de contar con un universo suficiente de candidatos a jurado, lo cual podría desnaturalizar el ambiente protector del proceso de menores.
• •La OAT y la Comisión de lo Jurídico coinciden en que la inclusión de un jurado podría destruir la intimidad del proceso juvenil, convertirlo en un proceso adversativo, traer demoras y formalismos, y restringir la discrecionalidad judicial necesaria para un tratamiento individualizado, lo que es incompatible con el diseño y fines de la Ley de Menores.