Para enmendar los Artículos 6 y 11 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”; enmendar la Regla 2.7 y 13.8 de la Ley Núm. 33 de 19 de junio de 1987, según enmendada, conocida como “Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores”; a los fines de garantizar que todo menor esté adecuadamente representado por un abogado cuando enfrente investigaciones y procedimientos al amparo de dicha Ley y que la renuncia de tal derecho no pueda ocurrir sin el consejo legal competente; y para que toda declaración hecha por un menor en su contra sea inválida si no tuviese representación legal presente; que toda declaración hecha por un menor en su contra y en ausencia de representación legal sea considerada no aceptable en el proceso al amparo de esta Ley.

Para enmendar el Artículo 11, el inciso (i) del Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico” y la Regla 13.8 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; con el propósito de establecer que el menor deberá prestar consentimiento para ser grabado en audio y video; que no conllevará la inadmisibilidad automática las declaraciones obtenidas en el interrogatorio si se presenta prueba confiable de que la renuncia fue hecha de manera libre, voluntaria e inteligente; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Menores de Puerto Rico y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores. Principalmente, establece que el consentimiento de un menor es requerido para ser grabado en audio y video durante interrogatorios. Además, modifica el estándar para la admisibilidad de declaraciones de menores, permitiendo que no sean automáticamente inadmisibles si se demuestra que la renuncia a ciertos derechos fue libre, voluntaria e inteligente. Afecta directamente a menores involucrados en procesos judiciales o de investigación y a las agencias que los interrogan.

Para enmendar el Artículo 11, el inciso (i) del Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico” y la Regla 13.8 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; con el propósito de establecer que el menor deberá prestar consentimiento para ser grabado en audio y video; que no conllevará la inadmisibilidad automática las declaraciones obtenidas en el interrogatorio si se presenta prueba confiable de que la renuncia fue hecha de manera libre, voluntaria e inteligente; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1175 enmienda la Ley de Menores de Puerto Rico (Ley Núm. 88 de 1986) y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores. Establece que un menor debe dar su consentimiento para ser grabado en audio y video durante interrogatorios. También modifica las reglas para que las declaraciones de un menor no sean automáticamente inadmisibles si no se grabaron, siempre que se presente prueba confiable de que la renuncia a sus derechos fue libre, voluntaria e inteligente. Se permite la no grabación en casos de 'circunstancias apremiantes' como emergencias o seguridad pública, siempre que se documente la razón.

Para enmendar los Artículo 3 y 4 de la Ley 88-1986, según enmendada, denominada “Ley de Menores de Puerto Rico”; enmendar las Reglas 4.1 y 6.2 de las “Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores”, según enmendadas; con el propósito de establecer el foro con jurisdicción para entender en casos en los que se impute conducta constitutiva de delito o falta cuando no exista correspondencia entre la facultad mental o edad cognitiva de la persona y su edad cronológica; y para decretar otras disposiciones complementarias.

La medida enmienda la Ley de Menores de Puerto Rico (Ley 88-1986) y sus reglas de procedimiento para clarificar la jurisdicción del Tribunal de Menores en casos donde la capacidad mental o edad cognitiva de un menor no se corresponde con su edad cronológica. Específicamente, ajusta las definiciones y las reglas para determinar cuándo un menor de 15 años o más que comete delitos graves debe ser procesado como adulto, o cuándo su capacidad mental inferior a 13 o 15 años (según el caso) limita la jurisdicción del tribunal. Afecta directamente a menores de edad imputados de delitos y al sistema judicial que los procesa.