PS 299

Para enmendar los Artículos 6 y 11 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”; enmendar la Regla…

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Para enmendar los Artículos 6 y 11 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”; enmendar la Regla 2.7 y 13.8 de la Ley Núm. 33 de 19 de junio de 1987, según enmendada, conocida como “Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores”; a los fines de garantizar que todo menor esté adecuadamente representado por un abogado cuando enfrente investigaciones y procedimientos al amparo de dicha Ley y que la renuncia de tal derecho no pueda ocurrir sin el consejo legal competente; y para que toda declaración hecha por un menor en su contra sea inválida si no tuviese representación legal presente; que toda declaración hecha por un menor en su contra y en ausencia de representación legal sea considerada no aceptable en el proceso al amparo de esta Ley.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Esta medida la Ley de Menores de Puerto Rico (Ley 88-1986) y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores. Busca garantizar que todo menor tenga representación legal durante investigaciones y procedimientos, desde las advertencias Miranda hasta la medida dispositiva. Prohíbe que una declaración o renuncia de derechos por un menor sea válida o admisible si no cuenta con la presencia y consejo de un abogado competente, incluso para renunciar al derecho a un abogado. Permite asistencia electrónica remota del abogado en emergencias.

Pros

•Refuerza las garantías procesales de los menores al exigir la presencia de un abogado para cualquier declaración o renuncia de derechos, lo que puede prevenir la autoincriminación involuntaria o malentendida por parte de menores.
•Alinea la práctica con el principio de que los menores, por su etapa de desarrollo, pueden carecer de la capacidad para comprender plenamente las implicaciones de renunciar a sus derechos constitucionales sin asesoramiento legal competente, como sugieren el Colegio de Abogados y el Departamento de la Familia.

Contras

•El Departamento de Justicia advierte que la medida impone una regla de exclusión automática para declaraciones de menores sin abogado, eliminando la facultad judicial de evaluar la validez de la renuncia a derechos según las circunstancias particulares de cada caso, lo cual es esencial para la justicia individualizada.
•El Departamento de Justicia señala que el texto propuesto no incorpora plenamente las disposiciones de la Ley 51-2026 (aprobada en marzo de 2026), que incluyó requisitos adicionales para la validez de renuncias de derechos por menores (grabaciones audiovisuales, identificación de presentes, corroboración alternativa). Esto podría generar dificultades de armonización y seguridad jurídica con el marco normativo .
•La medida, al exigir la presencia de un abogado para toda declaración o renuncia de derechos, podría dificultar o imposibilitar la obtención de información en situaciones de emergencia o circunstancias extraordinarias donde la asistencia inmediata de un abogado sea impracticable, a pesar de la inclusión de asistencia electrónica remota, cuya efectividad en todos los escenarios no está garantizada.

Intereses en juego

Beneficia a:: Menores imputados de faltas, al asegurarles representación legal obligatoria en todas las etapas de investigación y procedimiento, y al invalidar declaraciones o renuncias de derechos hechas sin dicha representación.
Preocupa a:: El Departamento de Justicia y los tribunales, por la posible rigidez de la regla de exclusión automática que limita la discreción judicial y por los conflictos de armonización con legislación posterior (Ley 51-2026).
Quién paga o decide:: El costo de la representación legal para menores indigentes recae sobre el Estado (Rama Judicial). La implementación y la interpretación de la norma recaen en los tribunales y el Departamento de Justicia.

En qué va

La medida fue el 31 de enero de 2025. El Senado la aprobó con el 18 de agosto de 2025. Posteriormente, la Cámara de Representantes, a través de su Comisión de lo Jurídico, recomendó no aprobarla el 11 de septiembre de 2026, citando preocupaciones del Departamento de Justicia sobre armonización legislativa y discreción judicial.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 11 de septiembre de 2026

Comisión no recomienda aprobación de la medida

Termómetro ciudadano

Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 24 (86%)En contra: 1 (4%)Ausente: 3 (11%)

La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.

Votación

Senado · Aprobada

18 de agosto de 2025

24 A favor1 En contra3 Ausente

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Recorrido

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Resumen de la medida

Qué propone

Pros

•Refuerza las garantías procesales de los menores al exigir la presencia de un abogado para cualquier declaración o renuncia de derechos, lo que puede prevenir la autoincriminación involuntaria o malentendida por parte de menores.
•Alinea la práctica con el principio de que los menores, por su etapa de desarrollo, pueden carecer de la capacidad para comprender plenamente las implicaciones de renunciar a sus derechos constitucionales sin asesoramiento legal competente, como sugieren el Colegio de Abogados y el Departamento de la Familia.

Contras

•El Departamento de Justicia advierte que la medida impone una regla de exclusión automática para declaraciones de menores sin abogado, eliminando la facultad judicial de evaluar la validez de la renuncia a derechos según las circunstancias particulares de cada caso, lo cual es esencial para la justicia individualizada.
•El Departamento de Justicia señala que el texto propuesto no incorpora plenamente las disposiciones de la Ley 51-2026 (aprobada en marzo de 2026), que incluyó requisitos adicionales para la validez de renuncias de derechos por menores (grabaciones audiovisuales, identificación de presentes, corroboración alternativa). Esto podría generar dificultades de armonización y seguridad jurídica con el marco normativo .
•La medida, al exigir la presencia de un abogado para toda declaración o renuncia de derechos, podría dificultar o imposibilitar la obtención de información en situaciones de emergencia o circunstancias extraordinarias donde la asistencia inmediata de un abogado sea impracticable, a pesar de la inclusión de asistencia electrónica remota, cuya efectividad en todos los escenarios no está garantizada.

Intereses en juego

Beneficia a:: Menores imputados de faltas, al asegurarles representación legal obligatoria en todas las etapas de investigación y procedimiento, y al invalidar declaraciones o renuncias de derechos hechas sin dicha representación.
Preocupa a:: El Departamento de Justicia y los tribunales, por la posible rigidez de la regla de exclusión automática que limita la discreción judicial y por los conflictos de armonización con legislación posterior (Ley 51-2026).
Quién paga o decide:: El costo de la representación legal para menores indigentes recae sobre el Estado (Rama Judicial). La implementación y la interpretación de la norma recaen en los tribunales y el Departamento de Justicia.

En qué va

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