Para ordenar a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), así como al Presidente de la Corporación, realizar una campaña educativa sobre los diversos tipos de discapacidades, concientizar sobre estas y fomentar un trato digno a este importante sector de la población.

Para ordenar al Departamento de Salud requerir créditos de educación continua a proveedores y profesionales de salud en temáticas de concientización y sensibilidad con las personas con discapacidades en todas sus modalidades.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Salud de Puerto Rico a requerir que los proveedores y profesionales de la salud completen créditos de educación continua sobre temáticas de discapacidad. Específicamente, se les exigirá formación en concientización y sensibilidad hacia personas con discapacidades en todas sus modalidades, incluyendo lenguaje de señas y el Sistema Braille. El objetivo es mejorar la calidad y el trato en los servicios de salud ofrecidos a esta población.

Para ordenar a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), a través de su Presidente, en colaboración y pericia de entidades sin fines de lucro y organizaciones de bases de fe, comunitarias, profesionales, universitarias, entre otras, realizar a través de todos los medios de comunicación, a su cargo, una campaña educativa para rescatar los principios y valores de integridad, justicia, valor, tolerancia, honestidad, rendición de cuentas, cooperación, responsabilidad, respeto, paz, lealtad, trabajo, amor y esperanza en aras de forjar una mejor sociedad. La campaña incluirá, sin que se entienda como una limitación, las estaciones de televisión, canales seis (6) y tres (3) y las estaciones de radio 940 AM y Allegro 91.3 así como la cobertura a través de sus redes sociales; y para otros fines relacionados.

La Resolución Conjunta de la Cámara 164 (RCC 164) proponía ordenar a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), a través de su Presidente, la realización de una campaña educativa para promover valores cívicos y sociales. Adicionalmente, imponía a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al Departamento de Hacienda y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) el deber de identificar y separar anualmente los fondos necesarios para dicha campaña. La medida afectaría directamente a WIPR en su programación y a las agencias fiscales en la identificación de fondos.

Para ordenar al Departamento de Educación, en colaboración con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos de la Universidad de Puerto Rico, crear un sistema de certificaciones de adiestramiento y capacitación sobre asuntos relacionados a la concientización y sensibilización sobre las diferentes discapacidades para el personal docente; y para otros fines relacionados.

La Resolución Conjunta de la Cámara 110 ordena al Departamento de Educación (DE), en colaboración con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) de la Universidad de Puerto Rico, a crear un sistema de certificaciones de adiestramiento y capacitación para el personal docente sobre concientización y sensibilización de las diferentes discapacidades. El DE tiene 150 días para desarrollar esta certificación tras la aprobación de la medida, la cual entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Para ordenar a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), en conjunto con la Junta Reguladora de los Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención, diseñar y ofrecer una campaña educativa dirigida a las madres, padres y encargados de la niñez sobre el problema del abuso sexual a menores de edad.

Esta Resolución Conjunta exhorta a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) y a la Junta Reguladora de los Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención a diseñar y ofrecer una campaña educativa dirigida a madres, padres y encargados sobre el abuso sexual infantil. La campaña debe identificar características de menores víctimas, lugares y personas de riesgo, y los profesionales participantes deben tener experiencia práctica, según la Ley 112-2017. Afecta directamente a los padres y encargados de menores, y a las entidades públicas encargadas de la difusión y la protección infantil.

Para ordenar a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), a través de su Presidente, en conjunto con el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres realizar una campaña de prevención sobre el abuso sexual a menores y adultos, las implicaciones de cometer una agresión sexual, así como las ayudas gubernamentales pertinentes para las víctimas sobrevivientes de esta lamentable acción, asimismo, deberá contar con la colaboración y pericia de entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, profesionales, universidades, entre otras, relacionadas a la salud mental y de servicios a las víctimas y familiares. La campaña incluirá, sin que se entienda como una limitación, las estaciones de televisión, canales seis (6) y tres (3) y las estaciones de radio 940 AM y Allegro 91.3 así como la cobertura a través de sus redes sociales; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), en conjunto con el Negociado de la Policía, el Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, a realizar una campaña de prevención sobre abuso sexual y agresión sexual. La campaña debe incluir información sobre las implicaciones de cometer estos actos y las ayudas disponibles para las víctimas sobrevivientes. Se requiere la colaboración de entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, universidades y profesionales de la salud mental y servicios a víctimas. La campaña se difundirá a través de los medios de WIPR (canales 6 y 3, radio 940 AM y Allegro 91.3, y redes sociales). Además, se instruye a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera a identificar y garantizar anualmente los fondos necesarios para esta iniciativa.