Qué propone
La Resolución Conjunta de la Cámara 132 (R.C. de la C. 132) ordena al Departamento de Educación (DEPR) y a la Universidad de Puerto Rico (UPR) a diseñar e implantar un programa de certificaciones profesionales para el personal docente de Educación Especial. Este programa debe enfocarse en manejo conductual, enfoques pedagógicos diferenciados y metodologías educativas para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La medida afecta directamente a los maestros de educación especial del sistema público y, por ende, a los estudiantes con TEA y sus familias.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Resolución Conjunta de la Cámara 132 fue el 14 de mayo de 2025 y referida a comisión. Tras y , la Comisión de Educación rindió un con el 1 de mayo de 2026, siendo luego remitida a la Comisión de Calendarios de la Cámara.
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Última acción · 1 de mayo de 2026
Remitido a Comisión de Calendarios de la Cámara
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar al Departamento de Educación, en colaboración con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos de la Universidad de Puerto Rico, crear un sistema de certificaciones de adiestramiento y capacitación sobre asuntos relacionados a la concientización y sensibilización sobre las diferentes discapacidades para el personal docente; y para otros fines relacionados.
La Resolución Conjunta de la Cámara 110 ordena al Departamento de Educación (DE), en colaboración con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) de la Universidad de Puerto Rico, a crear un sistema de certificaciones de adiestramiento y capacitación para el personal docente sobre concientización y sensibilización de las diferentes discapacidades. El DE tiene 150 días para desarrollar esta certificación tras la aprobación de la medida, la cual entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico el cumplimiento con la Ley 85-2019, según enmendada y conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico:”, específicamente con los Artículos 10.10 y 11.01 del referido estatuto, los cuales garantizan los derechos de los estudiantes de educación especial, así como los derechos de los padres, tutores y encargados, así mismo, con la como la Ley 163- 2024, conocida como la “Ley para la Protección, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Especto Autista”; y para otros fines relacionados.
La Resolución Conjunta del Senado 138 buscaba ordenar al Departamento de Educación (DEPR) a cumplir con disposiciones específicas de la Ley 85-2018 (identificada erróneamente como 85-2019 en el título de la medida) sobre derechos de estudiantes de educación especial y la Ley 163-2024 sobre personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). También proponía la creación de una nueva clasificación de asistentes de servicios educativos relacionada con el neurodesarrollo y la integración sensorial, y abordar otros planteamientos sobre servicios a estudiantes de educación especial.
Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la orientación, objetivos y métodos del sistema público de enseñanza; la reglamentación, supervisión y acreditación de los servicios educativos de escuelas e instituciones privadas; la educación, orientación y rehabilitación vocacional; la difusión de la educación y la cultura; los servicios, becas y ayudas a estudiantes; la reglamentación, acreditación y creación de condiciones que inspiren y mejoren al maestro y el desarrollo de servicios complementarios a la instrucción para su mayor efectividad; la dirección, administración, investigación y enseñanza universitaria incluyendo facilidades y equipo; y las organizaciones sin fines de lucro, incluyendo las que manejan el conocimiento tales como las universidades, instituciones que viabilizan las contribuciones del sector privado; así como sobre todos los asuntos relacionadas a los programas educativos y servicios para la población de educación especial y con diversidad funcional; y la implantación de la política pública que garantice la prestación de servicios, educación especializada, terapias, rehabilitación vocacional y todo esfuerzo para que esta población pueda encaminarse a una vida independiente.
La Resolución de la Cámara 122 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre múltiples aspectos del sistema educativo en Puerto Rico. Esto incluye el sistema público, instituciones privadas, educación vocacional, becas, maestros, educación universitaria y programas para estudiantes con diversidad funcional. La investigación busca recopilar hallazgos, conclusiones y recomendaciones para ser presentadas a la Cámara.
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la disponibilidad, accesibilidad, efectividad y suficiencia de los programas, servicios y ayudas dirigidos a adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Puerto Rico; evaluar los procesos de transición desde la niñez a la adultez; examinar la coordinación interagencial y la inversión pública destinada a esta población; identificar deficiencias en áreas de salud, educación postsecundaria, empleo, vivienda, transportación y apoyo comunitario; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 623 ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre los programas, servicios y ayudas dirigidos a adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Puerto Rico. La investigación debe evaluar la disponibilidad, accesibilidad, efectividad y suficiencia de estos servicios, así como los procesos de transición de la niñez a la adultez, la coordinación interagencial y la inversión pública. Afecta indirectamente a adultos con TEA, sus familias y cuidadores, al buscar identificar deficiencias y formular recomendaciones para mejorar su calidad de vida e inclusión.
Para ordenar la Comisión de Educación, investigar la operación, implementación y retos del programa de Educación Especial, presentados por Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico específicamente los Servicios Compensatorios a estudiantes; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 51 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes investigar la operación, implementación y los retos del programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico, con un enfoque específico en los Servicios Compensatorios para estudiantes. La Comisión deberá presentar informes parciales y un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo posibles acciones legislativas y administrativas, antes de que finalice el término de la actual Vigésima Asamblea Legislativa (2025-2028). Afecta directamente al Departamento de Educación al requerirle proveer información y al poner bajo escrutinio público un programa clave para estudiantes con necesidades especiales.
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