Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes (DRD), en coordinación con el Departamento de la Familia y la Administración de Familias y Niños (ADFAN), la elaboración de un informe evaluativo sobre los programas existentes de recreación adaptada para adultos mayores, sus alcances, beneficios y oportunidades de expansión; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Recreación y Deportes (DRD), en coordinación con el Departamento de la Familia y la Administración de Familias y Niños (ADFAN), a elaborar y presentar un informe evaluativo sobre los programas de recreación adaptada para adultos mayores. El informe debe detallar su alcance, beneficios, accesibilidad, efectividad y oportunidades de expansión. El DRD y la Familia tienen 90 días desde la aprobación de la medida para someter este informe a la Asamblea Legislativa.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el contexto de la transformación demográfica de Puerto Rico, que enfrenta un rápido envejecimiento poblacional y una creciente necesidad de servicios gerontológicos. Históricamente, la atención a los adultos mayores se ha centrado en la reestructuración de los sistemas de retiro y el marco legal de protección, pero la medida resalta la importancia de la recreación adaptada como un componente esencial para el bienestar de esta población, cuya calidad de vida se ve afectada por el aislamiento y la falta de infraestructura adecuada.
En qué va
Esta Resolución Conjunta fue el 17 de marzo de 2026 y el 3 de septiembre de 2026, con . Actualmente, se encuentra en trámite en la Cámara de Representantes, referida a comisión.
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Última acción · 10 de septiembre de 2026
Referido a Comisión(es)
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A favor (23)
En contra (1)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre todo asunto relacionado a las leyes que promueven el desarrollo integral de la población adulta mayor, particularmente la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores” y la legislación especial citada en la misma que beneficia a esta población; la eficacia de las agencias gubernamentales responsables por la implementación de estas leyes; a fines de determinar si resulta necesario el desarrollo de política pública para promover el desarrollo integral de este creciente e importante sector poblacional; y para otros fines relacionados.
La R. de la C. 372 no enmienda la Ley 121-2019 ni crea derechos u obligaciones generales: ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara investigar las leyes sobre adultos mayores, en particular la Ley 121-2019, y la eficacia de las agencias que las implementan. La Comisión puede citar personas, entidades gubernamentales y organizaciones relacionadas con esos asuntos, y pedir documentos e información. Debe presentar un informe final antes de que termine la Vigésima Asamblea Legislativa; puede rendir informes parciales con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
Para ordenar a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, a realizar un estudio abarcador sobre la integración laboral de los adultos mayores, enfatizando la medición de demanda de trabajo, retos económicos, diversidad de motivaciones, tendencias de querellas por discriminación por edad y manejo de empleos a futuro en Puerto Rico.
La Resolución de la Cámara 478 ordena a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales realizar un estudio exhaustivo sobre la integración laboral de los adultos mayores en Puerto Rico. El estudio debe enfocarse en la demanda laboral, retos económicos, motivaciones, tendencias de querellas por discriminación por edad y empleos a futuro. Afecta directamente a la Comisión legislativa encargada de llevar a cabo el estudio y, de forma indirecta, a los adultos mayores y al mercado laboral puertorriqueño al buscar visibilizar y analizar su situación.
Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con el desarrollo del funcionamiento y la supervisión de servicios de bienestar social a individuos, familias y comunidades, específicamente de poblaciones especiales tales como los adultos mayores y comunidades marginadas, con el propósito de implantar la política pública que garantice los servicios que requieren estas poblaciones; los beneficios de asistencia económica, rehabilitación física, económica y emocional; la asistencia nutricional y provisión de alimentos; las facilidades de amas de llaves; los centros de cuidado; las instituciones para la atención y rehabilitación de niños con problemas sociales; para combatir el maltrato infantil así como los sistemas de seguridad social; y los servicios enfocados a una mejor calidad de vida.
La R. de la C. 101 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social investigar el funcionamiento y la supervisión de servicios sociales, incluidos los dirigidos a adultos mayores, comunidades marginadas y niños con problemas sociales. La Comisión puede citar a personas, entidades gubernamentales y organizaciones relacionadas, y solicitar documentos e información. Debe presentar un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de que termine la Vigésima Asamblea Legislativa; los informes parciales quedan a su discreción. La resolución no cambia los requisitos para recibir servicios ni asigna fondos.
Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación en las égidas del Distrito 2 de San Juan para conocer y evaluar los planes de emergencia, el funcionamiento de sus instalaciones, la disponibilidad de equipo de respaldo, como plantas eléctricas o cisternas, y la capacidad de respuesta ante una emergencia de cara a la temporada de huracanes en Puerto Rico.
La Resolución de la Cámara 320 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social a realizar una investigación exhaustiva en las égidas del Distrito 2 de San Juan. El propósito es evaluar los planes de emergencia, el funcionamiento de las instalaciones, la disponibilidad de equipo de respaldo (como plantas eléctricas y cisternas) y la capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente de cara a la temporada de huracanes. La investigación debe completarse en 180 días y la Comisión tiene facultad para citar personas y solicitar documentos.
Para ordenar a las comisiones de Salud y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación conjunta en la que evalúen si el Plan Decenal de Envejecimiento Saludable para Puerto Rico de 2024, promulgado por la Secretaría Auxiliar de Servicios para la Salud Integral, cumple cabalmente con la política pública establecida en la Ley 121-2019, según enmendada, denominada “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”; examinen la implementación y nivel de cumplimiento del Departamento de Salud con el Plan Decenal de Envejecimiento Saludable para Puerto Rico de 2024; y desarrollen propuestas legislativas y administrativas para la revisión del plan, a los fines de hacerlo compatible con los parámetros del Plan para el Decenio de Envejecimiento Saludable 2021-2030 de la Organización Mundial de la Salud, incorporar objetivos científicamente ejecutables y medibles, y establecer responsabilidades concretas para su cumplimiento.
La Resolución del Senado 576 ordena a las comisiones de Salud y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación conjunta. El objetivo es evaluar el cumplimiento del Plan Decenal de Envejecimiento Saludable para Puerto Rico de 2024 con la Ley 121-2019, examinar su implementación y nivel de cumplimiento por parte del Departamento de Salud, y desarrollar propuestas para revisar dicho plan y hacerlo compatible con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incorporar objetivos medibles y establecer responsabilidades concretas. Afecta directamente a las comisiones senatoriales designadas y, en última instancia, a la política pública y los servicios dirigidos a la población de adultos mayores en Puerto Rico.
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