Qué propone
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y a la Administración de Familias y Niños (ADFAN) a elaborar, en un plazo de 90 días tras su aprobación, un informe evaluativo sobre los programas de recreación adaptada para adultos mayores. El informe debe detallar su cobertura, beneficios, accesibilidad, identificar brechas y proponer oportunidades de expansión y mejora de la coordinación interinstitucional, sin que esto implique un impacto fiscal inmediato.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida se enfoca en programas de recreación para adultos mayores, un tema que se enmarca en el contexto más amplio del envejecimiento acelerado de la población de Puerto Rico, tal como se describe en los fragmentos. Este fenómeno demográfico, impulsado por la emigración y la baja natalidad, genera una creciente necesidad de servicios gerontológicos y de infraestructura de cuido, de los cuales la recreación adaptada es un componente esencial para mejorar la calidad de vida de este sector poblacional.
En qué va
La Resolución Conjunta del Senado 160 fue el 17 de marzo de 2026, con el 3 de septiembre de 2026, y su texto de aprobación final fue enviado a la Cámara de Representantes.
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Última acción · 3 de septiembre de 2026
Texto de Aprobación Final enviado a la Cámara
La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.
A favor (23)
En contra (1)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social realizar un estudio detallado y abarcador sobre la cantidad total de cadáveres correspondientes a personas adultas mayores que han permanecido sin reclamar en Puerto Rico, incluyendo su número, causas de no reclamación y el procedimiento seguido para su disposición final, y para otros fines.
La Resolución de la Cámara 260 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social realizar un estudio detallado sobre la cantidad de cadáveres de adultos mayores sin reclamar en Puerto Rico. El estudio debe identificar el número de casos, las causas de no reclamación y el procedimiento de disposición final. La medida busca examinar la situación social, familiar e institucional que rodea el envejecimiento y la ausencia de redes de apoyo en esta población vulnerable.
Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre todo asunto relacionado a las leyes que promueven el desarrollo integral de la población adulta mayor, particularmente la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores” y la legislación especial citada en la misma que beneficia a esta población; la eficacia de las agencias gubernamentales responsables por la implementación de estas leyes; a fines de determinar si resulta necesario el desarrollo de política pública para promover el desarrollo integral de este creciente e importante sector poblacional; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 372 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre las leyes que promueven el desarrollo integral de la población adulta mayor, con énfasis en la Ley 121-2019. Busca evaluar la eficacia de las agencias gubernamentales en la implementación de estas leyes y determinar la necesidad de nueva política pública para este sector poblacional. Afecta directamente a la Comisión de la Cámara, a las agencias gubernamentales y, en última instancia, a la población de adultos mayores.
“Para ordenar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, específicamente a la Administración de Familias y Niños (ADFAN), rendir un informe detallado sobre el número de jóvenes removidos participando en programas de vida independiente, los servicios ofrecidos, los mecanismos de medición planes de transición, su efectividad, desglose por edades y géneros, y la duración de los subsidios proporcionados; y para otros fines relacionados.”
La Resolución Conjunta del Senado 146 ordena al Departamento de la Familia, a través de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), a rendir un informe detallado a la Asamblea Legislativa dentro de los 90 días posteriores a su aprobación. Este informe debe cubrir el número de jóvenes removidos participando en el Servicio de Vida Independiente (SVI) y programas análogos, los servicios ofrecidos, los mecanismos para medir planes de transición y su efectividad, un desglose por edades y géneros, y la duración y monto de los subsidios proporcionados. Afecta directamente a los jóvenes en programas de transición a la vida adulta bajo custodia estatal y a la Legislatura, que recibirá la información para evaluar dichos programas.
“Para ordenar a las comisiones de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional; y de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el Plan de Trabajo del Departamento de Recreación y Deportes en relación con el Municipio de Lares, a los fines de evaluar la intervención de dicha agencia ante la ausencia de programación recreativa para la población escolar en horario vespertino, así como para personas de edad avanzada y personas con diversidad funcional; y para otros fines relacionados.”
Esta Resolución ordena a las Comisiones de Familia y de Juventud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el Plan de Trabajo del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) en relación con el Municipio de Lares. El objetivo es evaluar la intervención del DRD ante la falta de programación recreativa vespertina para escolares, y para personas de edad avanzada y con diversidad funcional. Las Comisiones deberán presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 90 días. Afecta directamente a las comisiones senatoriales encargadas, al DRD y, de forma indirecta, a los residentes de Lares que podrían beneficiarse de programas recreativos.
Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social a realizar una investigación exhaustiva sobre las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, relacionada al cabal cumplimiento con la política pública de facilitar y promover el acceso a la justicia de los adultos mayores, conforme a lo establecido en la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 321 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva. El objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico con la política pública de garantizar y promover el acceso a la justicia para las personas adultas mayores, según lo establecido en la Ley 121-2019. No crea derechos ni obligaciones, sino que solicita un informe.
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