Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto y consecuencias legales, financieras y sociales de las hipotecas revertidas (reverse mortgage) contratadas por personas de edad avanzada en Puerto Rico, particularmente en cuanto a los efectos que estas han tenido en la seguridad de su vivienda principal, su calidad de vida, y el posible aprovechamiento indebido por parte de instituciones financieras o intermediarios, con el fin de evaluar legislación vigente, deficiencias regulatorias y proponer las enmiendas o medidas legislativas necesarias para proteger esta población vulnerable.

Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre los protocolos bancarios y medidas implementadas por las instituciones financieras en la Isla para prevenir la explotación financiera de los adultos mayores.

La Resolución del Senado 75 ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva sobre los protocolos y medidas actuales de las instituciones financieras para prevenir la explotación financiera de los adultos mayores en la Isla. La Comisión tiene la facultad de celebrar vistas públicas, citar testigos y requerir información. El informe final con hallazgos y recomendaciones debe presentarse antes de que concluya la Segunda Sesión Ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa (aproximadamente junio de 2026).

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el flujo, tratamiento legal, tratamiento operacional, aceptación, validación, fiscalización y uso de los poderes, mandatos, autorizaciones y demás instrumentos análogos utilizados para efectuar transacciones bancarias, cooperativistas, de seguros o financieras por cuenta de terceros, particularmente en los casos que involucran a adultos mayores y adultos con impedimentos; evaluar la suficiencia del marco jurídico vigente y de los protocolos institucionales aplicables; examinar los riesgos asociados a la explotación financiera, apropiación indebida, abuso de confianza y uso excesivo o desviado de dichos instrumentos; y rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo recomendaciones legislativas y administrativas.

La Resolución del Senado 534 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre el uso de poderes y autorizaciones para transacciones financieras por cuenta de terceros, especialmente para adultos mayores y personas con impedimentos. Busca evaluar el marco jurídico y los protocolos institucionales, así como los riesgos de explotación financiera, y rendir un informe con recomendaciones legislativas y administrativas.

Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación para conocer el estado actual de los hogares de envejecientes de Puerto Rico, a los fines de auscultar el cumplimiento con la política pública establecida y el nivel de cumplimiento con ésta en aquellas instituciones autorizadas a prestar servicios a dicha comunidad, así como a las organizaciones que atienden las necesidades de esta población.

La Resolución del Senado 5 ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de los hogares de envejecientes en la isla. El objetivo es evaluar el cumplimiento de estas instituciones y las organizaciones de apoyo con la política pública vigente y los procesos de licenciamiento y regulación establecidos por el Departamento de la Familia. La Comisión tiene 180 días para rendir un informe con hallazgos y recomendaciones.

“Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la política pública existente y necesaria referente al cuido continuo y a las instituciones de cuido de larga duración en Puerto Rico, en todas sus modalidades incluyendo instituciones de cuido diurno e instituciones residenciales; y para otros fines relacionados.”

La Resolución del Senado 217 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la política pública actual y futura relacionada con el cuidado continuo y las instituciones de cuidado de larga duración en todas sus modalidades (diurno y residencial). Para ello, la Comisión integrará un Grupo Especial de Trabajo con representantes de agencias clave como Familia, ASSMCA, OPPEA, y organizaciones del sector privado y de la sociedad civil. La Comisión tiene facultad para celebrar vistas, citar testigos y requerir información, y deberá rendir un informe final con hallazgos y recomendaciones antes del cierre de la 3ra Sesión Ordinaria de la 20ma Asamblea Legislativa (junio de 2026).

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio para evaluar la viabilidad del traspaso de permisos de un comercio a otro, cuando se lleve a cabo la venta de este, siempre y cuando se mantenga el uso según aprobado en el permiso original por ley, de la Oficina de Gerencia de Permisos.

La Resolución del Senado 193 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio. El objetivo es evaluar la viabilidad de permitir el traspaso de permisos de un comercio a otro cuando este se vende, siempre que el uso del local se mantenga igual al aprobado originalmente. El estudio deberá completarse y presentarse al Senado en un plazo de 120 días desde la aprobación de la resolución.