Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado del Gobierno de Puerto Rico realizar una investigación sobre el cumplimiento con la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según enmendada, “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” por parte de los dueños de propiedades utilizadas como alquileres a corto plazo en el Gobierno de Puerto Rico.

Para ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Compañía de Turismo de Puerto Rico con las disposiciones del Artículo 26 de la Ley 272-2003, conocida como “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, según enmendada, en torno al requisito de notificación a los municipios del registro de entidades dedicadas al negocio de Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo (short term rentals); y para otros fines relacionados.

Esta Resolución del Senado (RS 326) ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación. El propósito es determinar el cumplimiento de la Compañía de Turismo de Puerto Rico con el Artículo 26 de la Ley 272-2003, específicamente en cuanto a la notificación a los municipios sobre el registro de entidades dedicadas a alojamientos suplementarios a corto plazo (short term rentals). La Comisión deberá rendir un informe con hallazgos y recomendaciones antes de finalizar la Tercera Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa en curso.

Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, realizar una investigación abarcadora sobre la posibilidad de aumentar las ciclovías en Puerto Rico como alternativa de transporte segura; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 323 ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes a realizar una investigación abarcadora sobre la posibilidad de aumentar las ciclovías en Puerto Rico como alternativa de transporte segura. La investigación deberá completarse y presentarse en un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 180 días. La Comisión tiene la facultad de solicitar estudios previos del Departamento de Transportación y Obras Públicas y realizar gestiones como requerimientos de información, citaciones y vistas públicas.

Para ordenar a la Comisión Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado de la Carretera PR-10 en la jurisdicción de los municipios de Ponce y Adjuntas; Identificar las deficiencias en los elementos de seguridad; identificar y proponer alternativas razonables para el mantenimiento y mejoras necesarias; y para otros fines.

La Resolución del Senado 23 ordena a la Comisión de Infraestructura, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el estado de la Carretera PR-10 entre Ponce y Adjuntas. La comisión debe identificar deficiencias de seguridad, proponer alternativas de mantenimiento y mejoras, y rendir un informe con hallazgos y recomendaciones. El plazo para este informe es antes del cierre de la Tercera Sesión Ordinaria de la 20ma Asamblea Legislativa (junio de 2026).

Para ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) en coordinación con el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Justicia, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y los municipios, la realización de un estudio integral sobre el impacto de los alquileres a corto plazo (incluyendo plataformas como Airbnb, VRBO y similares) en las comunidades residenciales de Puerto Rico; evaluar aspectos socioeconómicos, de vivienda asequible, calidad de vida, gentrificación, desplazamiento poblacional y sobrecarga en servicios municipales; y presentar recomendaciones para políticas públicas equilibradas que protejan tanto el desarrollo turístico como los derechos de los residentes, sin incurrir en gastos adicionales significativos al erario; y para otros fines relacionados.

La Resolución Conjunta del Senado 134 (RCS 134) proponía ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), en coordinación con los Departamentos de la Vivienda y Justicia, la Compañía de Turismo (CTPR) y los municipios, a realizar un estudio integral sobre el impacto de los alquileres a corto plazo en las comunidades residenciales. El estudio debía evaluar aspectos socioeconómicos, de vivienda asequible, calidad de vida, gentrificación, desplazamiento poblacional y sobrecarga en servicios municipales, para presentar recomendaciones de políticas públicas equilibradas. La medida especificaba que este esfuerzo no debía incurrir en gastos adicionales significativos al erario público.

Para enmendar la sección 2 de la R. del S. 326, que ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Compañía de Turismo de Puerto Rico con las disposiciones del Artículo 26 de la Ley 272-2003, conocida como “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, según enmendada, en torno al requisito de notificación a los municipios del registro de entidades dedicadas al negocio de Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo (short term rentals); y para otros fines relacionados.

Esta Resolución (R. del S. 545) enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 326. Su propósito es extender el plazo para que la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado presente su informe final sobre la investigación del cumplimiento de la Compañía de Turismo de Puerto Rico con el requisito de notificar a los municipios sobre el registro de alojamientos suplementarios a corto plazo (short term rentals), según lo dispone la Ley 272-2003. La enmienda establece que el informe debe presentarse en o antes de finalizar la Tercera Sesión Ordinaria, y añade un término de noventa (90) días a partir de la aprobación de la resolución.