Qué propone
La Resolución del Senado de Puerto Rico (R. del S. 46) solicita formalmente al gobierno de los Estados Unidos la desclasificación y publicación de toda la documentación relacionada con las muertes de Carlos Muñiz Varela (1979) y Santiago Mari Pesquera (1976). El objetivo es promover la transparencia, la justicia y la memoria histórica. La medida se dirige a entidades federales clave como la Casa Blanca, el Congreso, el Departamento de Justicia, el FBI y la CIA, así como al Departamento de Justicia de Puerto Rico, para asegurar la difusión de la información.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
Esta Resolución del Senado (RS 46) fue el 13 de febrero de 2025 y de Puerto Rico ese mismo día , sin . Actualmente, se encuentra en trámite como una solicitud formal al gobierno de los Estados Unidos.
Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.
Última acción · 13 de febrero de 2025
Texto de Aprobación Final en Senado
La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.
A favor (25)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para expresar las condolencias y el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico, a la familia y seres queridos de quien en vida fuera, Carlos Alberto López Rivera, alcalde del Municipio Autónomo de Dorado y servidor público que con pasión, entrega y desprendimiento sirvió a su pueblo y al País en distintas facetas públicas.
La Resolución del Senado 346 (RS 346) expresa formalmente las condolencias del Senado de Puerto Rico a la familia y seres queridos de Carlos Alberto López Rivera, quien fuera alcalde del Municipio Autónomo de Dorado por casi cuatro décadas. La medida ordena que una copia de la resolución, en forma de pergamino, sea enviada a la familia como muestra de respeto.
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la situación actual del área restringida del Cementerio Municipal de Lares, las acciones tomadas por el municipio respecto a la reubicación de restos humanos, la comunicación con los familiares, la rotulación de advertencia de riesgo, la documentación de conservación ambiental y las condiciones de seguridad del terreno, a raíz de los deslizamientos y daños provocados por el huracán María en 2017; y para otros fines relacionados.”
Esta Resolución ordena a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la situación del área restringida del Cementerio Municipal de Lares, afectada por el huracán María en 2017. La investigación debe detallar acciones municipales sobre reubicación de restos, comunicación con familiares, señalización de riesgo, conservación ambiental y seguridad del terreno, culminando en un informe con hallazgos y recomendaciones en un plazo de 90 días.
Para enmendar la Sección 5 de la Resolución del Senado 429, según aprobada el 16 de abril de 2026, que ordena a la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la capacidad administrativa, técnica y fiscal del Gobierno de Puerto Rico para manejar y cumplir con los requisitos asociados a los fondos federales que recibe, incluyendo aquellos otorgados mediante procesos de Notice of Funding Opportunity (NOFO), la fiscalización de dichos fondos desde su otorgación hasta su impacto real en los servicios a la ciudadanía y la identificación de deficiencias en su manejo y ejecución.
La Resolución del Senado 552 enmienda la Sección 5 de la Resolución del Senado 429 aprobada el 16 de abril de 2026. Modifica el plazo para que la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus presente un informe sobre la capacidad del Gobierno de Puerto Rico para manejar fondos federales. El nuevo plazo es 'en o antes del cierre de la 4ta Sesión Ordinaria' de la Asamblea Legislativa en curso (2025-2028). Afecta directamente a la Comisión senatorial designada y, por extensión, al Senado de Puerto Rico y a la administración pública en su manejo de fondos federales.
Para ordenar a la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la capacidad administrativa, técnica y fiscal del Gobierno de Puerto Rico para manejar y cumplir con los requisitos asociados a los fondos federales que recibe, incluyendo aquellos otorgados mediante procesos de Notice of Funding Opportunity (NOFO), la fiscalización de dichos fondos desde su otorgación hasta su impacto real en los servicios a la ciudadanía, la identificación de deficiencias en su manejo y ejecución, y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 429 ordena a la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación se centrará en la capacidad administrativa, técnica y fiscal del Gobierno de Puerto Rico para gestionar fondos federales, incluyendo los otorgados por procesos de Notice of Funding Opportunity (NOFO). Se busca fiscalizar estos fondos desde su recepción hasta su impacto real en los servicios y identificar deficiencias en su manejo. La Comisión podrá requerir informes, documentos y celebrar vistas, debiendo presentar un informe final antes del cierre de la 4ta Sesión Ordinaria (agosto-noviembre 2026).
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Publicas de Puerto Rico que rinda un informe detallado sobre la incidencia de delitos en el sistema de transporte público, incluyendo guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y el Tren Urbano; las medidas preventivas implementadas; y las propuestas para mitigar la criminalidad en estos servicios; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 426 ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) rendir un informe detallado sobre la incidencia de delitos en el sistema de transporte público, incluyendo la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y el Tren Urbano. El informe debe cubrir las medidas preventivas implementadas y proponer estrategias para mitigar la criminalidad en estos servicios.
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