Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias públicas de “plugola” en los medios de comunicación, incluyendo la radio, televisión, prensa escrita, redes sociales y medios digitales; y para otros fines relacionados.

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre aquellas acciones realizadas por el Gobierno de Puerto conducentes a divulgar información confidencial de residentes de Puerto Rico que pudieran constituir una violación a los derechos garantizados por las leyes y la Constitución de Puerto Rico; y que estén dirigidas a colaborar con los esfuerzos de arrestos y deportaciones de personas con estatus migratorio irregular por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos; y para otros fines relacionados.”

La Resolución del Senado 222 ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las acciones del Gobierno de Puerto Rico que hayan divulgado información confidencial de residentes. El enfoque principal es la posible colaboración con autoridades federales de inmigración para arrestos y deportaciones de personas con estatus migratorio irregular, y si estas acciones violan derechos garantizados por ley y la Constitución de Puerto Rico.

Para ordenar a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las alegaciones contenidas en la querella radicada el 15 de junio de 2026 por el ex Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Lcdo. Sebastián Negrón Reichard, y remitida al Senado de Puerto Rico, en torno a presunta comisión de delito, presuntas intervenciones indebidas, posibles conflictos de interés y otras violaciones de ley por parte del Secretario de la Gobernación, Lcdo. Francisco Domenech, la Subsecretaria de la Gobernación, Lcda. Itza García, y otros funcionarios e individuos; todo ello en relación, además, con los asuntos y la información que permanecen pendientes ante la Comisión Total del Senado de Puerto Rico constituida para examinar la conducta del Lcdo. Francisco Domenech; y para otros fines relacionados.

Esta medida ordena a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva. La investigación se centrará en una querella presentada por el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, contra el Secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, la Subsecretaria de la Gobernación, Itza García, y otros funcionarios. La pesquisa busca determinar la comisión de delitos, intervenciones indebidas, conflictos de interés y otras violaciones de ley, en relación con procesos de contratación y gestiones gubernamentales.

Para ordenar a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la “Puerto Rico Innovation and Technology Service” conocida como PRITS, incluyendo las funciones, facultades y deberes de dicha agencia y de los Principales Ejecutivos de Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico; la evaluación por parte del PRITS de todos los contratos de servicios profesionales y consultivos y/o relacionados con la agenda de innovación, informática y tecnología del Gobierno de Puerto Rico, desde enero de 2025 hasta el presente, así como el Plan Estratégico de Innovación y Tecnología para el Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 306 ordena a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). La investigación abarcaría las funciones, facultades y deberes de PRITS y de los Principales Ejecutivos de Innovación e Información (CIOs) del gobierno. También se examinaría la evaluación que PRITS ha realizado de contratos de servicios profesionales y consultivos relacionados con la agenda de innovación y tecnología desde enero de 2025 hasta la fecha de la resolución, así como el Plan Estratégico de Innovación y Tecnología del Gobierno. Esta medida busca fiscalizar la agencia y su gestión en un periodo marcado por cambios en su liderato y controversias públicas.