Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la uniformidad en la aplicación de la inmunidad y el establecimiento de un tope en las reclamaciones por impericia médica (malpractice) exclusivamente en casos de negligencia en Puerto Rico, considerando las diferencias en la protección legal otorgada a los médicos bajo la jurisdicción de la Comisión Industrial en comparación con aquellos que ejercen con o sin privilegios en facilidades médicas privadas, con el fin de identificar mecanismos que contribuyan a la retención de la clase médica en la Isla.

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema de salud enfocada en los asuntos sistémicos: las prácticas de aseguradoras, hospitales, médicos, personal de enfermería y otros profesionales del sistema de salud, en torno a la retención del personal y la eficiencia en la asignación de citas médicas y servicios con el fin de identificar medidas que fortalezcan la prestación de servicios de salud en Puerto Rico.”

Esta Resolución del Senado ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el sistema de salud. El enfoque principal será examinar las prácticas de aseguradoras, hospitales, médicos, personal de enfermería y otros profesionales en relación con la retención de personal y la eficiencia en la asignación de citas y servicios. El objetivo es identificar medidas para fortalecer la prestación de servicios de salud en Puerto Rico.

Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las obras y del presupuesto asignado, al Centro de Trauma de Mayagüez.

Esta medida, una Resolución del Senado (RS 82), ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las obras y el presupuesto asignado al Centro de Trauma de Mayagüez. No crea nuevas leyes ni modifica las existentes, sino que dirige una acción de fiscalización legislativa específica hacia una instalación pública y sus finanzas.