Para enmendar el Artículo 2.02; añadir un nuevo Artículo 2.07 (a) y reenumerar el actual Artículo 2.07 como 2.07 (b); enmendar los Artículos 2.08; 2.10; 2.13; 2.14; 4.01, 4.03 y 7.01 de la Ley 168-2019, según enmendada, a los fines de delimitar el alcance de la licencia de armas permitida para menores de veintiún (21) años; delimitar instancias en que se verificarán sus antecedentes penales; atemperar disposiciones sobre reciprocidad; modificar requisitos en cuanto a instructores; disponer sobre la devolución de armas de fuego y municiones; disponer sobre el manejo de armas de personas declaradas desaparecidas; incorporar disposiciones sobre motivo fundado; proveer para inspecciones a armerías; aclarar conceptos sobre el negocio de armero y transacciones realizadas fuera del establecimiento; autorizar a las armerías a mantener bajo su custodia armas de fuego que hayan sido ocupadas incidentalmente; añadir la categoría de caza a la licencia de armas; enmendar la Regla 19 de la Ley Núm. 87 de 26 de junio de 1963, según enmendada, a los fines de, ante una determinación de no causa para arresto, ordenar la devolución del arma incautada; y enmendar los Artículos 2, 6, 7, 13, 14 y 16 de la Ley 241-1999, según enmendada, a los fines de requerir licencia de armas expedida por la Policía de Puerto Rico a toda persona que se dedique a la caza que haga uso de un arma de fuego; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.14 de la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de ampliar la vigencia de la licencia de armas a un periodo de cinco (5) años y atender disposiciones complementarias que garanticen la uniformidad, eficiencia administrativa y cumplimiento con las normas de seguridad aplicables; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 2.14 de la Ley 168-2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020. Amplía la vigencia de la licencia especial de armas para víctimas de violencia doméstica y acecho, que cuenten con una orden de protección, de 90 días a un periodo de cinco (5) años. El objetivo es eliminar el trámite duplicado de una licencia provisional seguida de una regular, agilizando el proceso y garantizando protección continua.

Para enmendar el Artículo 1.02 y el Artículo 2.02 (e) de la Ley 168-2019, mejor conocida como la “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, según enmendada con el propósito de añadir un inciso (rr) y enmendar el Artículo 2.02 (e) con el propósito de añadir nuevos incisos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 (Ley 168-2019) para definir 'pistolera' y hacer obligatorio su uso para portar un arma de fuego. A partir de su aprobación, se prohíbe portar cualquier arma de fuego sin que esté guardada en una pistolera, incluso si se porta oculta. Afecta directamente a los ciudadanos con licencia para portar armas en Puerto Rico.

Para enmendar el Artículo 7.22 de la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de establecer una nueva amnistía general por sesenta (60) días; autorizar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a decretar administrativamente una extensión por un periodo adicional de treinta (30) días; establecer mecanismos claros de recopilación, análisis y divulgación de datos que permitan medir su impacto real sobre la seguridad pública; establecer la responsabilidad investigativa de la Policía y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF); y para otros fines relacionados.

Establecer una nueva amnistía general de armas de fuego y municiones por un periodo de sesenta (60) días, con la posibilidad de una extensión administrativa de treinta (30) días por parte del Superintendente de la Policía. La medida busca que personas que posean armas ilegalmente puedan entregarlas sin enfrentar cargos criminales. Además, impone la obligación de recopilar, analizar y divulgar datos sobre el impacto de la amnistía en la seguridad pública, y asigna a la Policía y al Instituto de Ciencias Forenses la responsabilidad de investigar la procedencia de las armas recuperadas.