Para enmendar el Artículo 2.9A y el Artículo 9.12(c) de la Ley 161-2019, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de excluir el requisito de un permiso de uso para la instalación de servicios básicos en una residencia para uso familiar construidas con anterioridad a la aprobación de la Ley 161, supra; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley para el Permiso Especial de Construcción de Hogares Verdes”; disponer política pública, establecer el alcance e interpretación con otras leyes y reglamentos; para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, mejor conocida como la “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”; para enmendar el Artículo 1.5 y añadir un nuevo Artículo 8.17 a la Ley 161-2009, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”; y para enmendar los Artículos 6.007, 6.026, 6.028 y 8.001 de la Ley 107-2020, según enmendada, mejor conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”; a fin de establecer una alternativa razonable, luego de cumplir con estrictos requisitos, para permitir la lotificación y construcción de residencias que no representen impacto a las utilidades del Estado, y que a su vez permitan el desarrollo de viviendas para nuestra gente en lugares asequibles económicamente, siendo ecológicamente responsables y cercanos a sus comunidades y entorno social, entre otras cosas.

Esta medida, la Ley para el Permiso Especial de Construcción de Hogares Verdes, crea un nuevo permiso excepcional para permitir la lotificación y construcción de hasta siete residencias unifamiliares en suelo rústico común, siempre que cumplan requisitos de autosuficiencia (agua por pozo o acueducto privado, energía solar/gas, sistema séptico con aireador solar, internet inalámbrico/satelital). Enmienda la Ley Orgánica de la Junta de Planificación (75-1975), la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (161-2009) para detallar el permiso y sus requisitos, y el Código Municipal (107-2020) para exceptuar estos desarrollos de ciertas exacciones y eslabonamientos. Afecta directamente a propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico común y a quienes buscan construir viviendas asequibles y autosuficientes, eximiéndolos de requisitos de conexión a redes públicas y de ciertas cargas municipales.

Para enmendar los Artículos 8.4 y 19.12 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”; a los fines de establecer que, si una entidad gubernamental o agencia no emite sus recomendaciones dentro de los términos establecidos a la Oficina de Gerencia de Permisos, se entenderá que no tiene recomendaciones ni objeciones al proyecto propuesto; establecer que dichas recomendaciones no serán vinculantes, y que la determinación de conceder o denegar un permiso se basará en la totalidad del expediente administrativo; y para disponer la supremacía de dicha ley; enmendar el inciso (h) del Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, a los fines de cumplir con la política pública de agilizar los procesos de permisos, y disponer la obligación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de asesorar, orientar, guiar y apoyar mediante comentarios a la Oficina de Gerencia de Permisos, a la dependencia gubernamental que la sustituya, y a los municipios concernientes en la toma de decisiones sobre la evaluación de permisos que incidan en la política pública ambiental; así como para disponer que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos adopten todas las providencias reglamentarias pertinentes para el cumplimiento de esta ley; establecer la excepción de procedimientos sobre la Isla Municipio de Culebra, de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1975, según enmendada.y para otros fines para relacionados.

La medida, Proyecto de Cámara 1060, enmienda la Ley 161-2009 (Reforma de Permisos) y la Ley 23-1972 (Orgánica del DRNA). Establece que si una agencia no responde a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) dentro de un plazo, se asumirá que no tiene objeciones. Las recomendaciones de otras agencias no serán vinculantes, y la decisión final de un permiso se basará en el expediente completo. También se refuerza el rol del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para asesorar a la OGP y municipios en asuntos ambientales, y se dispone la adopción de reglamentos para su cumplimiento. Se aplica una excepción para Culebra.

Para enmendar el Articulo 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", a los fines de establecer que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, para presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria u otro recurso adecuado, deberá alegar de manera específica que posee un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente, que dicho daño puede vincularse razonablemente a la conducta de la parte promovida y que el daño sufrido en el interés propietario o personal es susceptible de reparación mediante el remedio solicitado; añadir al inciso (1) de dicho Artículo que cuando se solicite la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa, haya sido con la intención de inducir a error al ente que emite el permiso, y que en cualquiera de los casos, ya sea por la información incorrecta o falsa, de haberse considerado todos los factores reales, no lo hubiera aprobado; enmendar el Artículo 6.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", a los fines de armonizar las disposiciones sobre ordenación territorial y desarrollo de terrenos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 (Ley de Permisos) para exigir que cualquier persona natural o jurídica que presente una acción legal (como injunction o mandamus) deba alegar específicamente un interés propietario o personal sujeto a daño inminente, razonablemente vinculado a la conducta del demandado y reparable por el remedio solicitado. También modifica el Artículo 6.007 del Código Municipal para armonizar disposiciones sobre ordenación territorial, clarificando criterios para el uso de suelo rústico especialmente protegido, permitiendo su desarrollo bajo ciertas condiciones como proyectos estratégicos (incluyendo los PROMESA) o justificaciones técnicas/ambientales. Afecta directamente a ciudadanos y entidades que buscan impugnar permisos o usos, y a la planificación territorial municipal.