“Para enmendar el inciso (b) de la Sección 3 y el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos, a los fines de autorizar que la Oficina del (de la) Gobernador(a) pueda negociar y contratar directamente todo lo concerniente a los beneficios relacionados a los planes de seguros de servicios de salud de sus empleados y funcionarios; y para otros fines relacionados.”
Qué propone
La medida propone la Ley Núm. 95 de 1963 para autorizar a la Oficina del Gobernador a negociar y contratar directamente los planes de seguros de salud para sus empleados y funcionarios, excluyéndola del sistema centralizado administrado por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Esto permitiría a la Oficina del Gobernador gestionar sus propios contratos de seguros de salud de manera independiente.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida se relaciona con la evolución del sistema de salud en Puerto Rico, particularmente con la creación de ASES en la década de 1990 y su rol en la administración de seguros de salud. Al buscar la Oficina del Gobernador negociar directamente, la medida cuestiona el modelo centralizado de ASES, que fue establecido para adquirir pólizas de seguro médico privado para la población médico-indigente y, por extensión, para los empleados públicos, lo que refleja una tensión histórica entre la centralización y la descentralización en la gestión de servicios de salud.
En qué va
La medida P. del S. 1423 fue el 20 de agosto de 2026 y referida a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico tras aparecer en Primera Lectura.
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Última acción · 20 de agosto de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar el inciso (b) de la Sección 3 y el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos, a los fines de autorizar que la Oficina del (de la) Gobernador(a) pueda negociar y contratar directamente todo lo concerniente a los beneficios relacionados a los planes de seguros de servicios de salud de sus empleados y funcionarios; y para otros fines relacionados.
El Proyecto de la Cámara 1394 propone enmendar la Ley Núm. 95 de 1963 para permitir que la Oficina del Gobernador negocie y contrate directamente los planes de seguros de salud para sus empleados y funcionarios, separándose del sistema centralizado coordinado por la Administración de Seguros de Salud (ASES). Esto aplica a los empleados y funcionarios de dicha Oficina que voluntariamente decidan acogerse a estos planes. La medida también clarifica que, si ambos cónyuges son empleados públicos, pueden acogerse al plan de su preferencia y aplicar las aportaciones patronales de ambos hasta el máximo.
“Para enmendar los incisos (b) y (c) de la Sección 3 del Artículo 6 de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de excluir a los municipios de la participación y responsabilidades del pago de primas en aquellos casos que los empleados municipales opten por utilizar la aportación patronal para beneficios de salud a través del Plan de Seguros de Salud de Gobierno de Puerto Rico; y otros fines relacionados.
La medida, P. del S. 783, enmienda la Ley Núm. 72-1993 (Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico) para excluir a los municipios de la obligación de participar y pagar primas por los beneficios de salud de sus empleados municipales que opten por utilizar la aportación patronal para acogerse al Plan de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico (ASES). Esto aplica específicamente a los empleados municipales que no cualifican para la Reforma de Salud por su nivel de ingreso, pero sí para usar la aportación patronal.
Para enmendar el inciso (b) de la Sección 3 y el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos", para realizar emniendas técnicas, y añadir a los funcionarios y empleados del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento de Educación en la definición de "empleado" con el fin de conformarla al estado de derecho vigente.
La Ley 61-2026 enmienda las secciones 3(b) y 4(a) de la Ley 95-1963. Añade a los funcionarios y empleados del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento de Educación a las exclusiones de la definición general de «empleado», pero les permite acogerse voluntariamente a planes seleccionados por la Administración de Seguros de Salud si se cumplen las condiciones de la ley. Autoriza al Secretario de Educación o a su delegado, junto con las organizaciones de trabajadores bona fide adscritas al Departamento, a negociar y contratar directamente planes privados para quienes voluntariamente los elijan, y también permite aceptar planes negociados por la Administración. No establece nuevas aportaciones ni asigna fondos, y entra en vigor inmediatamente.
Para enmendar el inciso (b) de la Sección 3 y el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos” a los fines de autorizar que el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública puedan negociar y contratar directamente todo lo concerniente a los beneficios relacionados a los planes de seguros de servicios de salud de sus respectivos funcionarios y empleados; y renumerar el inciso (k) como inciso (1) y añadir un nuevo inciso (k) al Artículo 4 de la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda", a los fines de facultar a la Secretaria a negociar con cualquier entidad de servicios de seguros de salud; y para otros fines relacionados.
La Ley 38-2025 enmienda las secciones 3(b) y 4(a) de la Ley 95-1963 y añade un inciso al Artículo 4 de la Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda. Autoriza a la Secretaria de Vivienda o a su persona delegada a negociar y contratar directamente seguros médicos privados para funcionarios y empleados del Departamento y de la Administración de Vivienda Pública que no pertenezcan a una unidad apropiada y quieran acogerse; las aseguradoras deben estar autorizadas en Puerto Rico y certificadas por la Oficina del Comisionado de Seguros. Estas personas también pueden acogerse a los planes negociados por ASES, si cumplen las condiciones de la Ley 95; la medida no elimina esa alternativa. Además, renumera el antiguo inciso 4(k) de la Ley 97 como 4(l) y exime de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme las normas que Vivienda promulgue para implantar la medida; entró en vigor inmediatamente al aprobarse.
“Para enmendar la Ley 72-1993, según enmendada, mejor conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de consolidar la operación y administración de la Oficina del Programa de Medicaid de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud, con la Administración de Seguros de Salud (ASES), designando la última como la Agencia Estatal Única (Single State Agency) para los fines de la Sección 1902 de la Ley de Seguridad Social federal (Social Security Act); para crear el Comité Asesor de Medicaid y el Consejo Asesor de Beneficiarios; para reestructurar la composición de la Junta de Directores de la ASES; enmendar el puesto de Director Ejecutivo de la ASES; para excluir a la ASES del régimen de compras centralizadas administrado por la Administración de Servicios Generales, autorizándola a establecer su propio proceso de compras aprobado por su Junta de Directores; y para otros fines relacionados.”
Esta medida legislativa enmienda la Ley 72-1993 para consolidar la Oficina del Programa de Medicaid de Puerto Rico (adscrita al Departamento de Salud) bajo la Administración de Seguros de Salud (ASES). Designa a ASES como la Agencia Estatal Única (Single State Agency) para el programa Medicaid federal. Crea un Comité Asesor de Medicaid y un Consejo Asesor de Beneficiarios. Reestructura la Junta de Directores de ASES, la exime del régimen de compras centralizadas y le permite administrar otros planes de salud, como el de empleados públicos.
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