Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la ejecución, administración y efectividad del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), administrado por la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF); examinar el impacto que tendría un posible reco

“Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación encaminada a obtener una radiografía de los servicios gubernamentales dirigidos a la población adulta con diversidad funcional, con especial atención a la sustentabilidad de los programas públicos, accesibilidad y calidad de los servicios, servicios a cuidadores, así como sobre aquellas asistencias públicas que les permitirían su desarrollo pleno como ciudadanos productivos e independientes; evaluar el cumplimiento de las agencias de gobierno con la política pública en beneficio de las personas con diversidad funcional; y para otros fines relacionados.”

La medida propone ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva. El objetivo es obtener una radiografía completa de los servicios gubernamentales dirigidos a adultos con diversidad funcional, evaluando su sustentabilidad, accesibilidad y calidad. También se busca analizar los servicios a cuidadores, las asistencias para el desarrollo pleno e independiente de esta población, y el cumplimiento de las agencias con la política pública establecida.

Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento por parte de las entidades del Gobierno de Puerto Rico con las disposiciones de la Ley 229-2003, según enmendada, conocida como Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos, a los fines de identificar deficiencias en su implementación y formular las medidas correctivas necesarias.

Esta medida ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación. El propósito es evaluar el cumplimiento de las entidades gubernamentales con la Ley 229-2003, la cual garantiza el acceso a información para personas con impedimentos. La investigación busca identificar deficiencias en la implementación de dicha ley y proponer medidas correctivas.

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la participación de las personas de la tercera edad en los programas de nutrición y alimentos para adultos mayores, incluyendo el Programa de Alimentos para Centros de Envejecimiento y servicios similares administrados por el Departamento de la Familia y otras agencias; requerir notificación detallada por municipio, barrio y sector sobre los envejecientes que no participan en dichos programas; identificar barreras de acceso tales como la falta de centros de envejecimiento, deficiencias en transporte, limitaciones geográficas, problemas de movilidad, desconocimiento del programa y otras limitaciones; ordenar la presentación de un informe con recomendaciones legislativas y administrativas para maximizar la cobertura y garantizar la seguridad alimentaria de esta población vulnerable; y para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la participación de los adultos mayores (65 años o más) en programas de nutrición y alimentos. Se requiere identificar a los adultos mayores que no participan, desglosando esta información por municipio, barrio y sector, y determinar las barreras específicas de acceso. Además, ordena a varias agencias (Departamento de la Familia, OPPEA) y a los 78 municipios a presentar informes detallados en un plazo de 60 días, para luego generar recomendaciones legislativas y administrativas que mejoren la cobertura y garanticen la seguridad alimentaria de esta población.