Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio sobre el aparente aumento desmedido de vehículos de motor abandonados en el estacionamiento público del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, afectando adversamente la capacidad de espacio y las operaciones del estacionamiento, lo que conlleva alzas significativas en los costos de manejo de la instalación; así como identificar y elaborar los estatutos necesarios para acelerar la adecuada disposición de estos vehículos , en beneficio de los usuarios de este estacionamiento.

Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes realizar un estudio sobre las acciones de la empresa operadora del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín para acomodar el uso de los Vehículos Avanzados de Movilidad Aérea (AAM, por sus siglas en inglés), y para otros fines.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar un estudio exhaustivo. El objetivo es evaluar las acciones y preparativos de Aerostar Holdings, LLC, la empresa operadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, para integrar los Vehículos Avanzados de Movilidad Aérea (AAM) en sus operaciones. La Comisión deberá presentar informes parciales y un informe final antes de que concluya la vigésima Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación exhaustiva de la conceptualización, financiamiento, programación, diseño, construcción y uso de los sistemas viales y de transportación colectiva en Puerto Rico, así como, sobre las facilidades de estacionamiento y tránsito; seguridad de los sistemas viales; puentes y vías de acceso; estudio de la transportación; estudio de nuevos métodos de transporte estatal y local; obras públicas estatales, vías públicas; y facilidades de transportación marítima o aérea en la jurisdicción de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 36 ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre diversos aspectos de los sistemas de transportación y viales en Puerto Rico. Esto incluye la conceptualización, financiamiento, diseño, construcción y uso de sistemas viales y de transportación colectiva, así como facilidades de estacionamiento, tránsito, seguridad vial, puentes, vías de acceso, obras públicas, y transportación marítima o aérea. La medida no crea nuevas leyes ni enmienda las existentes, sino que establece un mandato de investigación para una comisión senatorial.

“Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de implantar sistemas automatizados de inspección vehicular de emisiones —conocidos como Self-Service Vehicle Emissions Inspection Kiosks— para atender las necesidades de inspección periódica de flotas gubernamentales y municipales, con el objetivo de reducir costos operacionales, aumentar la eficiencia y asegurar el cumplimiento ambiental en el sector público; y para otros fines relacionados.”

Esta medida, una Resolución del Senado (RS 230), ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de implementar quioscos automatizados de inspección vehicular de emisiones (Self-Service Vehicle Emissions Inspection Kiosks). El objetivo principal es evaluar si estos sistemas pueden ser utilizados para la inspección periódica de flotas gubernamentales y municipales, buscando reducir costos operacionales, aumentar la eficiencia y asegurar el cumplimiento ambiental en el sector público. La medida no crea nuevas leyes ni enmienda las existentes, sino que establece un mandato legislativo para la investigación de una política pública.