Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio sobre el aparente aumento desmedido de vehículos de motor abandonados en el estacionamiento público del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, afectando adversamente la capacidad de espacio y las operaciones del estacionamiento, lo que conlleva alzas significativas en los costos de manejo de la instalación; así como identificar y elaborar los estatutos necesarios para acelerar la adecuada disposición de estos vehículos , en beneficio de los usuarios de este estacionamiento.

Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973, según enmendada, conocida como “Ley para regular el negocio de áreas para el estacionamiento público de vehículos de motor”, con el propósito de corroborar que la misma sea cumplida a cabalidad, en beneficio de los usuarios de estos estacionamientos; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 240 ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio sobre la aplicación de la Ley Núm. 120 de 1973, que regula el negocio de áreas de estacionamiento público. El objetivo es corroborar el cumplimiento de dicha ley para beneficio de los usuarios. La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo acciones legislativas y administrativas, en un plazo de 120 días tras la aprobación de la Resolución.

Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las operaciones, condiciones, infraestructura, seguridad, protocolos y tarifas de los estacionamientos ubicados en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 347 ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre las operaciones, condiciones, infraestructura, seguridad, protocolos y tarifas de los estacionamientos del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. La investigación debe concluir en un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días. Afecta directamente a la Comisión de Transportación e Infraestructura, que deberá llevar a cabo la investigación, y de forma indirecta a los usuarios del aeropuerto y a la administración del mismo.

Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación exhaustiva de la conceptualización, financiamiento, programación, diseño, construcción y uso de los sistemas viales y de transportación colectiva en Puerto Rico, así como, sobre las facilidades de estacionamiento y tránsito; seguridad de los sistemas viales; puentes y vías de acceso; estudio de la transportación; estudio de nuevos métodos de transporte estatal y local; obras públicas estatales, vías públicas; y facilidades de transportación marítima o aérea en la jurisdicción de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 36 ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la conceptualización, financiamiento, programación, diseño, construcción y uso de sistemas viales y de transportación colectiva, facilidades de estacionamiento y tránsito, seguridad vial, puentes, obras públicas, y facilidades de transportación marítima o aérea en Puerto Rico. La Comisión tiene autoridad para celebrar vistas públicas, citar testigos y requerir información. Se ordena rendir un informe final con hallazgos y recomendaciones.

Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 240, aprobada el 30 de marzo de 2026, a los fines de extender el término de tiempo de la Comisión de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, para rendir su informe final; y para facultarla a rendir informes parciales sobre los asuntos que investigue; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 566 enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 240, aprobada el 30 de marzo de 2026. Extiende el plazo para que la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado rinda su informe final sobre el estudio de la Ley Núm. 120 de 1973 (Ley para regular el negocio de áreas para el estacionamiento públicos de vehículos de motor). El nuevo plazo vence antes del cierre de la 4ta Sesión Ordinaria de la 20ma Asamblea Legislativa (agosto-noviembre de 2026). Faculta además a la Comisión a rendir informes parciales.

“Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de implantar sistemas automatizados de inspección vehicular de emisiones —conocidos como Self-Service Vehicle Emissions Inspection Kiosks— para atender las necesidades de inspección periódica de flotas gubernamentales y municipales, con el objetivo de reducir costos operacionales, aumentar la eficiencia y asegurar el cumplimiento ambiental en el sector público; y para otros fines relacionados.”

La Resolución del Senado 230 ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de implantar sistemas automatizados de inspección vehicular de emisiones (kioscos de autoinspección) para flotas gubernamentales y municipales. El objetivo es evaluar la reducción de costos operacionales, el aumento de eficiencia y el cumplimiento ambiental en el sector público. La investigación debe completarse en un plazo no mayor de noventa (90) días desde la aprobación de la resolución.