Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973, según enmendada, conocida como “Ley para regular el negocio de áreas para el estacionamiento público de vehículos de motor”, con el propósito de corroborar que la misma sea cumplida a cabalidad, en beneficio de los usuarios de estos estacionamientos; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, a realizar un estudio dirigido a evaluar el funcionamiento de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, con el propósito de evaluar el cumplimiento con el mandato de la Ley 235-2014, según enmendada, a los fines de que las agencias, dependencias o instrumentalidades públicas, antes de arrendar o comprar algún bien, deben otorgarle preferencia a aquellos de naturaleza pública disponibles, pertenecientes al gobierno central, en primera instancia y, en la alternativa, a cualquier gobierno municipal; y para otros fines relacionados.

Esta medida ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio exhaustivo sobre el funcionamiento de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble. El propósito principal es evaluar si dicha junta está cumpliendo con el mandato establecido en la Ley 235-2014, la cual exige que las agencias públicas den preferencia a la adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles de naturaleza pública (del gobierno central o municipal) antes de considerar otras opciones. El estudio busca asegurar la correcta implementación de esta política de preferencia por propiedad pública.

“Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de implantar sistemas automatizados de inspección vehicular de emisiones —conocidos como Self-Service Vehicle Emissions Inspection Kiosks— para atender las necesidades de inspección periódica de flotas gubernamentales y municipales, con el objetivo de reducir costos operacionales, aumentar la eficiencia y asegurar el cumplimiento ambiental en el sector público; y para otros fines relacionados.”

Esta medida, una Resolución del Senado (RS 230), ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de implementar quioscos automatizados de inspección vehicular de emisiones (Self-Service Vehicle Emissions Inspection Kiosks). El objetivo principal es evaluar si estos sistemas pueden ser utilizados para la inspección periódica de flotas gubernamentales y municipales, buscando reducir costos operacionales, aumentar la eficiencia y asegurar el cumplimiento ambiental en el sector público. La medida no crea nuevas leyes ni enmienda las existentes, sino que establece un mandato legislativo para la investigación de una política pública.

Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio dirigido a constatar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la Ley 143-2018, conocida como “Ley de Facturación Justa, Razonable y Transparente de los Servicios Públicos Esenciales en Situaciones de Emergencia”, tomando en cuenta la crítica situación que se enfrenta en gran parte de Puerto Rico, por las constantes interrupciones en el servicio de agua potable a la ciudadanía; y para otros fines relacionados.

La medida ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio. Este estudio tiene como objetivo verificar si la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) cumple con la Ley 143-2018, conocida como Ley de Facturación Justa, Razonable y Transparente de los Servicios Públicos Esenciales en Situaciones de Emergencia. El estudio debe considerar las interrupciones recientes en el servicio de agua potable y cómo esto afecta la facturación a los ciudadanos.