Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), incluyendo el análisis de la suficiencia de la prima que pagan los asegurados, la proporción de gastos destinados a los distintos servicios y operaciones de la corporación, el volumen y naturaleza de las reclamaciones pagadas, la distribución de recursos, así como otros aspectos relacionados a la sostenibilidad financiera y la eficiencia administrativa de la corporación pública; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La Resolución del Senado 328 ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). La investigación debe analizar la suficiencia de la prima pagada por los asegurados, la distribución de gastos, el volumen y naturaleza de las reclamaciones, y otros aspectos de sostenibilidad financiera y eficiencia administrativa. La Comisión tiene 120 días para presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Esta medida afecta a la ACAA y, por extensión, a los conductores asegurados y a las víctimas de accidentes de tránsito.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
Esta medida, la Resolución del Senado 328, fue el 8 de octubre de 2025 y de Puerto Rico el 4 de mayo de 2026. Posteriormente, se rindió un Informe Final el 22 de junio de 2026, el cual fue aprobado por el cuerpo y colocado en el .
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Última acción · 30 de junio de 2026
Cuerpo aprueba informe final rendido
La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.
A favor (26)
A favor (28)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el hurto de convertidores catalíticos de los vehículos de motor en la Isla, las medidas de prevención que se están implementado para atender la situación y las iniciativas desarrolladas para garantizar que las víctimas de este tipo de delito puedan mitigar los efectos de este; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 528 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el hurto de convertidores catalíticos de vehículos en Puerto Rico. La investigación debe cubrir las medidas de prevención implementadas y las iniciativas para ayudar a las víctimas. La Comisión tiene 180 días desde la aprobación de la resolución para presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Esta medida afecta a la Comisión de Gobierno y, de forma indirecta, a los ciudadanos víctimas de este delito y a las agencias relacionadas con la seguridad y el tránsito vehicular.
Para ordenar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva, de naturaleza continua, sobre la administración, uso y gasto de los fondos públicos asignados y administrados por las agencias e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico, así como la ejecución y cumplimiento de los planes estratégicos de cada instrumentalidad pública; a fin de evaluar si se están utilizando adecuadamente los recursos económicos provistos a las agencias e instrumentalidades para atender las necesidades de los ciudadanos y poder determinar si es necesario que se tomen medidas legislativas o administrativas que promuevan el funcionamiento eficiente y aseguren el presupuesto adecuado de las agencias e instrumentalidades públicas en beneficio de los ciudadanos.
La Resolución del Senado 111 ordena a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado a realizar una investigación continua y exhaustiva. Esta investigación se centrará en cómo las agencias e instrumentalidades públicas administran, usan y gastan fondos públicos, y en la ejecución de sus planes estratégicos. El objetivo es evaluar la adecuación del uso de recursos para atender necesidades ciudadanas y determinar si se requieren medidas legislativas o administrativas para mejorar la eficiencia y asegurar presupuestos adecuados. Afecta a todas las agencias e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico y, por extensión, a los ciudadanos a quienes sirven.
Para ordenar una investigación exhaustiva sobre el estado de la educación en los Centros de Tratamiento Social adscritos al Departamento de Corrección y Rehabilitación, incluyendo los servicios provistos por el Departamento de Educación de Puerto Rico, así como la disponibilidad, pertinencia y efectividad de programas de formación técnica, vocacional y de desarrollo ocupacional.
La Resolución de la Cámara 328 ordena una investigación exhaustiva sobre los servicios educativos y de formación técnica, vocacional u ocupacional en los Centros de Tratamiento Social adscritos al Departamento de Corrección y Rehabilitación. La investigación deberá identificar políticas, recursos, programas, alianzas y necesidades de esta población, y culminará en un informe con hallazgos y recomendaciones. La medida afecta directamente a los jóvenes bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación y a las agencias involucradas en su educación y formación.
Para ordenar a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre los contratos de gerencia, administración, ingeniería, supervisión y ejecución vinculados al Programa de Mejoras Capitales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; examinar el costo, alcance, enmiendas, desempeño, resultados y retorno de inversión de los principales gerentes de programa y contratistas; evaluar los mecanismos de contratación, fiscalización, facturación, supervisión y auditoría utilizados por la Autoridad; investigar la relación entre los recursos destinados a servicios de gerencia y el progreso físico y financiero de las obras; evaluar los controles aplicables a subcontratistas y subconsultores; examinar el cumplimiento con las leyes, reglamentos, requisitos federales y condiciones aplicables a fondos de FEMA, CDBG-DR y otras fuentes de financiamiento; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 588 ordena a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los contratos de gerencia, administración, ingeniería, supervisión y ejecución relacionados con el Programa de Mejoras Capitales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La investigación debe examinar el costo, alcance, enmiendas, desempeño, resultados y retorno de inversión de los principales contratistas, así como los mecanismos de contratación, fiscalización y auditoría de la AAA, y el cumplimiento con fondos federales. Se espera un informe parcial en 90 días y un informe final antes del fin de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa (2025-2028).
Para ordenar a la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva de naturaleza continua, en torno a todos los asuntos financieros y operacionales de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, así como el manejo y administración de los contratos de todas las Alianzas Público-Privadas suscritos, o por suscribir, por el Gobierno de Puerto Rico, a los fines de auditar su funcionamiento y rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones; para estudiar la conveniencia y necesidad de la Ley 29-2009, conocida como la Ley de Alianza Público Privadas; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 248 ordena a la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Asamblea Legislativa realizar una investigación continua sobre todos los asuntos financieros y operacionales de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y el manejo de sus contratos. Busca auditar su funcionamiento, estudiar la conveniencia y necesidad de la Ley 29-2009 (Ley de Alianzas Público Privadas), y rendir un informe con hallazgos y recomendaciones. La medida afecta directamente a la AAPP, a las entidades privadas con contratos de alianza y al público en general, al buscar mayor transparencia y fiscalización.
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