Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación, la fiscalización, el cumplimiento y los resultados de la Ley Núm. 51-2022, según enmendada, conocida como la “Ley para Prohibir el Expendio y Utilización de Plásticos de un Solo Uso en Todo Local Comercial, de Venta y Distribución Autorizada a Realizar Negocios Conforme a las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, incluyendo la reglamentación adoptada por las agencias concernidas y las gestiones realizadas por el Comité de Trabajo creado mediante la Ley Núm. 47-2025, así como el cumplimiento de las encomiendas y responsabilidades que le fueron asignadas, a los fines de evaluar la efectividad de la política pública dirigida a reducir el uso de plásticos de un solo uso, identificar posibles deficiencias en su implementación y determinar la necesidad de medidas legislativas o administrativas adicionales.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo un estudio sobre los efectos de la implementación de la Ley 247-2015, conocida como, “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en Puerto Rico”, y evaluar el cumplimiento de sus disposiciones, particularmente en cuanto al reciclaje de bolsas plásticas por parte de los establecimientos comerciales, en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

La Resolución del Senado 112 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico realizar un estudio sobre los efectos de la Ley 247-2015 (Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas en Puerto Rico). El estudio debe evaluar el cumplimiento de dicha ley, particularmente en cuanto al reciclaje de bolsas plásticas por parte de los establecimientos comerciales, en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Afecta a los establecimientos comerciales y al DRNA, quienes deberán colaborar en la investigación.

Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el estatus legal, operacional, ambiental y contributivo de todas las canteras que operan en Puerto Rico; evaluar el cumplimiento con la reglamentación vigente; examinar la otorgación y fiscalización de permisos; analizar la capacidad institucional del Estado para atender la carga dinámica de fiscalización que implica la actividad extractiva; y rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de un término no mayor de noventa (90) días; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 447 ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre las canteras en Puerto Rico. El encargo incluye evaluar su estatus legal, operacional, ambiental y contributivo, el cumplimiento de la reglamentación, la otorgación y fiscalización de permisos, y la capacidad institucional del Estado para supervisar estas actividades extractivas. Se exige un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de noventa (90) días.

Para ordenar a la Comisión de Turismo y Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la implementación de la Ley 254- 2006, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública para el Desarrollo Sostenible de Turismo en Puerto Rico”.

La Resolución del Senado 498 ordena a la Comisión de Turismo y Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la implementación de la Ley 254-2006, conocida como la Ley de Política Pública para el Desarrollo Sostenible de Turismo en Puerto Rico. El propósito es examinar el cumplimiento de deberes y responsabilidades por parte de la Compañía de Turismo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación, la Oficina para el Desarrollo Sostenible del Turismo, la Comisión Interagencial y otras entidades vinculadas al desarrollo del turismo sostenible. La medida busca evaluar la efectividad de la política pública y el cumplimiento de las agencias.

Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y cumplimiento de la Ley 114-2014, conocida como la "Ley para el Uso de Materiales Reciclados en Infraestructura Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de evaluar su efectividad, el grado de cumplimiento por parte de las agencias e instrumentalidades públicas y los retos en su ejecución; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 58 ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y cumplimiento de la Ley 114-2014, que promueve el uso de materiales reciclados en infraestructura pública. La investigación evaluará la efectividad de la ley, el grado de cumplimiento por parte de las agencias e instrumentalidades públicas, y los retos en su ejecución.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los “Permisos Únicos PYMES”, que han sido otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, por profesionales autorizados o los municipios autónomos.

La Resolución del Senado 52 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre los 'Permisos Únicos PYMES'. Esta investigación evaluará la efectividad de la implementación de las disposiciones legales aplicables, identificará desafíos y áreas de oportunidad en el otorgamiento de estos permisos por la Oficina de Gerencia de Permisos, profesionales autorizados o municipios autónomos. La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 180 días tras la aprobación de la Resolución.