Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 497, según aprobada el 8 de junio de 2026, que le ordena a las Comisiones de Salud; y de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio sobre la viabilidad de aumentar el salario a los profesionales de enfermerías tanto del sector público y privado de Puerto Rico.

Para ordenar a las Comisiones de Salud; y de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio sobre la viabilidad de aumentar el salario a los profesionales de enfermerías tanto del sector público y privado de Puerto Rico.

La Resolución del Senado 497 ordena a las Comisiones de Salud y de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio sobre la viabilidad de aumentar el salario a los profesionales de enfermería, tanto en el sector público como en el privado. El informe deberá incluir recomendaciones basadas en datos estadísticos y fiscales, una proyección salarial, y la identificación de la fuente presupuestaria para dicho aumento. Las comisiones deben presentar su informe final antes de que concluya la Cuarta Sesión Ordinaria de la 20ma. Asamblea Legislativa.

“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la posibilidad de extender a los Médicos Generalistas los beneficios contributivos e incentivos fiscales que actualmente se consideran para los Médicos Especialistas, incluyendo el incentivo de 4%; la viabilidad de reconocer legalmente la experiencia prolongada de Médicos Generalistas en Salas de Emergencia para propósitos de clasificación profesional, compensación e incentivos; la estructura actual de categorías profesionales, distribución por sector y escalas salariales de las enfermeras en Puerto Rico, a los fines de identificar posibles disparidades, inequidades o vacíos normativos; y para otros fines relacionados.”

La Resolución del Senado 197 ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación debe evaluar la extensión de beneficios contributivos e incentivos fiscales a Médicos Generalistas, similar a los de Médicos Especialistas (incluyendo el incentivo del 4%). También debe analizar la viabilidad de reconocer legalmente la experiencia prolongada de Médicos Generalistas en Salas de Emergencia para su clasificación profesional, compensación e incentivos. Finalmente, debe examinar la estructura actual de categorías, distribución y escalas salariales de las enfermeras en Puerto Rico para identificar posibles disparidades o vacíos normativos.

Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 319, según enmendada por la R. del S. 494 y aprobada el 4 de mayo de 2026, que le ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el efecto e impacto de la Ley Núm. 42-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”)”, evaluando el cumplimiento de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal con los deberes que le impone la Ley, así como la transparencia, efectividad y resultados del sistema de cannabis medicinal en Puerto Rico en sus aspectos administrativos, regulatorios, científicos y socioeconómicos, incluyendo su impacto en la creación de empleos, la salud y calidad de vida de los pacientes.

La Resolución del Senado 557 propone enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 319 (aprobada el 4 de mayo de 2026) para modificar el plazo en que la Comisión de Salud del Senado debe rendir un informe sobre la Ley Medicinal (Ley 42-2017). Específicamente, se establece que el informe debe ser presentado antes de concluir la Cuarta Sesión Ordinaria de la 20ma. Asamblea Legislativa. Afecta directamente a la Comisión de Salud del Senado, que es la encargada de realizar la investigación y presentar el informe.

“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 27-2005, según enmendada mediante el cual establece el salario mínimo a ser devengado por un(a) enfermero(a) en el servicio privado, a los fines de añadir nuevas categóricas en la práctica de enfermería, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 254-2015, conocida como “Ley para Regular la Práctica de la Enfermería en Puerto Rico”; aumentar el salario mínimo a ser devengado por estos profesionales de la salud, reenumerar los Artículos subsiguientes; y para otros fines relacionados.”

La medida propone enmendar la Ley 27-2005 para actualizar y aumentar los salarios mínimos de enfermeros y enfermeras en el sector privado. Añade nuevas categorías de práctica de enfermería (como Enfermero(a) con Grado Doctoral, Enfermero(a) Práctica(o) Avanzada(o)) y establece escalas salariales mensuales específicas para cada una, con un periodo de transición de 18 meses hasta julio de 2026. Afecta directamente a los empleadores del sector privado y a los profesionales de enfermería en Puerto Rico.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones laborales, carga de trabajo, escalas salariales, compensaciones económicas y el estado de la salud mental de los profesionales del derecho que ejercen como abogados de oficio y pro bono en el sistema de justicia de Puerto Rico; evaluar el impacto del sistema de designación automática y la falta de especialización; examinar los riesgos éticos, disciplinarios y de impericia profesional derivados del volumen excesivo de casos; auscultar la viabilidad de implementar seguros de responsabilidad profesional subvencionados, convalidación de créditos de educación jurídica continua y exenciones contributivas; investigar la rigidez procesal del sistema de excusas judiciales y el impacto financiero sobre la práctica independiente; estudiar las disparidades geográficas y la carga laboral institucional fuera del Área Metropolitana; identificar mecanismos de colaboración con las clínicas jurídicas universitarias; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 553, rechazada en comité, ordenaba a la Comisión de lo Jurídico del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones laborales, carga de trabajo, salarios, salud mental, y el impacto de sistemas como la designación automática en abogados de oficio y pro bono. Buscaba evaluar riesgos éticos, la viabilidad de seguros subvencionados, educación continua, exenciones contributivas, rigidez procesal, disparidades geográficas y colaboración con clínicas jurídicas.