Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, conocida como la “Ley para Prohibir el Discrimen Contra las Personas con Impedimentos Físicos, Mentales o Sensoriales”, a los fines de prohibir que cualquier institución pública o privada que ofrezca a la venta boletos para eventos públicos, espectáculos o actividades recreativas exija a las personas con impedimentos la presencia física o la presentación de evidencia médica como condición para la compraventa de boletos; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley Especial para el Registro de Facilidades Deportivas y Recreativas Libres de Barreras en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, que ordenaría a la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en coordinación con el Departamento de Recreación y Deportes, la creación de un Registro Especial que identifique por municipio todos los parques e instalaciones deportivas y recreativas libres de barreras que garanticen el uso y disfrute pleno por parte de las personas con impedimentos, así como los programas de deporte adaptado en uso, sean públicos o privados; y otros asuntos afines.

La medida crea la "Ley Especial para el Registro de Facilidades Deportivas y Recreativas Libres de Barreras en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Ordena a la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), en coordinación con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), a crear un Registro Especial que identifique por municipio todas las instalaciones deportivas y recreativas libres de barreras accesibles para personas con impedimentos, así como los programas de deporte adaptado. Afecta directamente a personas con impedimentos y sus familias, así como a las agencias gubernamentales responsables de su implementación y divulgación, incluyendo municipios y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).

Para crear la “Ley de Igualdad de oportunidades deportivas para personas con impedimento” a los fines de establecer que el desarrollo y la construcción de gimnasios al aire libre que sean financiados con fondos públicos garanticen la igualdad en acceso a toda la ciudadanía incluyendo, pero sin limitarse a personas con impedimento físico.

La medida crea la Ley de Igualdad de oportunidades deportivas para personas con impedimento. Establece que todo gimnasio al aire libre financiado con fondos públicos, instalado por municipios o agencias gubernamentales, debe garantizar que al menos el 30% de las máquinas sean accesibles para personas con impedimentos físicos. Requiere notificar a la Defensoría de Personas con Impedimentos sobre la existencia y características de estas facilidades, y faculta a dicha Defensoría para certificar cumplimiento y multar a las entidades infractoras con un mínimo de $1,000 por facilidad no conforme.

Para crear la “Ley de Igualdad de Oportunidades Deportivas Para Personas con Impedimentos”; a los fines de establecer que el desarrollo y la construcción de gimnasios al aire libre que sean financiados con fondos públicos garanticen la igualdad en acceso a todas las personas, incluyendo pero sin limitarse a las personas de diversidad funcional o con impedimentos; establecer acceso a máquinas de ejercicio para personas de diversidad funcional o con impedimentos; establecer sanciones por incumplimiento con esta Ley; establecer la facultad de la Defensoría de las Personas con Impedimientos para hacer cumplir esta Ley; y para otros fines relacionados.

Esta medida, la "Ley de Igualdad de Oportunidades Deportivas Para Personas con Impedimentos", propone que todo municipio o agencia gubernamental que instale gimnasios al aire libre financiados con fondos públicos garantice que al menos el 30% de las máquinas de ejercicio sean accesibles para personas con diversidad funcional o impedimentos. Establece un plazo de 30 días para notificar a la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) sobre la instalación de estas facilidades y el porcentaje de máquinas accesibles, y faculta a la DPI para imponer multas de no menos de $1,000 por facilidad incumplidora, además de tener la facultad de hacer cumplir la ley.