Para establecer la “Carta de Derechos para el Acceso a la Justicia y un Trato Justo para Menores Víctimas o Testigos”; disponiendo sobre los derechos que le asisten a los niños y niñas víctimas o testigos de delitos o faltas administrativas; constituir los objetivos de la ley; establecer los medios disponibles para reclamar estos derechos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Ley 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, en su Artículo 2 con el fin de crear un nuevo inciso (l) y reasignar con letras los subsiguientes incisos de dicho artículo. El nuevo inciso (l) leerá, “Toda víctima de delito de violencia o intimidación, delitos sexuales, maltrato y violencia doméstica, tendrá derecho de tener a su lado y en cualquier etapa del proceso judicial, personal de apoyo mientras preste su testimonio en sala, quien podrá ser un familiar o conocido, un consejero o personal técnico del programa, Técnico de Asistencia a Víctimas y Testigos o profesional competente. En juicios por jurado, donde se ejerza este derecho por parte de la víctima, el Tribunal que preside dará una instrucción al jurado donde explique que el acompañamiento del personal de apoyo es un derecho reconocido por la presente ley, que no debe ser interpretado contra el imputado o acusado, ni influenciar sobre su obligación de evaluar la credibilidad de la víctima, testigos y la prueba presentada de manera imparcial.

Esta medida propone enmendar la Ley 22 de 1988 para añadir un nuevo derecho al Artículo 2: víctimas de delitos de violencia, intimidación, sexuales, maltrato y violencia doméstica tendrán derecho a tener un familiar, conocido, consejero o profesional de apoyo a su lado durante su testimonio en cualquier etapa del proceso judicial. En juicios por jurado, el tribunal deberá instruir al jurado para que la presencia del apoyo no se interprete en contra del acusado ni influya en la evaluación de credibilidad.

Para establecer la “Ley para la Protección Integral de la Dignidad, Higiene y Desarrollo de los Niños en Programas de Educación Temprana”; y para otros fines relacionados

La medida crea la "Ley para la Protección Integral de la Dignidad, Higiene y Desarrollo de los Niños en Programas de Educación Temprana" (PC 1154). Establece normas obligatorias para programas de educación temprana (3-6 años), públicos y privados, enfocándose en garantizar la higiene personal, el respeto a la dignidad y el bienestar físico-emocional de los menores. Crea una "Unidad de Fiscalización de Higiene y Dignidad Infantil" dentro de ACUDEN para investigar quejas, monitorear cumplimiento y aplicar sanciones progresivas, complementando la Ley 173-2016 y la Ley 57-2023.