Para crear la “Ley de Transparencia Operacional del Servicio de Agua Potable de Puerto Rico”; establecer la obligación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de proveer información pública continua sobre interrupciones del servicio, trabajos programados y métricas de desempeño operacional; enmendar la Sección 20A de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”

Para enmendar la Sección 20 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico” a los fines de disponer el deber de someter a la Asamblea Legislativa un informe detallado sobre los cambios tarifarios, según autorizado por la Ley Núm. 21 de 31 de mayo de 1985, según enmendada, mejor conocida como “Ley Uniforme para la Revisión y Modificación de Tarifas”, así como cualquier otro cargo, costo o cambio de costo por los servicios básicos y esenciales prestados por la Autoridad y/o requeridos por esta que haya sido autorizado por la Junta de Gobierno de la Autoridad; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 892 buscaba enmendar la Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico para obligar a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a someter un informe detallado a la Asamblea Legislativa dentro de los diez (10) días siguientes a cualquier determinación final sobre cambios tarifarios o cargos por servicios. Este informe debía incluir toda la documentación y estudios que justificaran dichos cambios. La medida afectaría directamente a la AAA al imponerle un nuevo requisito de divulgación y a la Asamblea Legislativa al supuestamente darle una herramienta de fiscalización adicional.

Para crear la "Ley para la Continuidad del Servicio de Agua Potable mediante Brigadas Especializadas de Celadores de Línea en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados"; establecer la facultad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de organizar, adiestrar y mantener brigadas propias de celadores de línea y personal con experiencia operacional en el sistema de energía eléctrica; autorizar la intervención directa de dichas brigadas en situaciones de falta de suplido de agua potable ocasionadas por la no energización de instalaciones críticas; establecer los mecanismos de facturación a LUMA Energy o cualquier operador del sistema de transmisión y distribución eléctrica; y para otros fines relacionados.

El P. de la C. 1252 propone crear la 'Ley para la Continuidad del Servicio de Agua Potable mediante Brigadas Especializadas de Celadores de Línea en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)'. Autoriza a la AAA a organizar, adiestrar y mantener brigadas propias de celadores de línea con experiencia en el sistema eléctrico. Estas brigadas intervendrán directamente en averías eléctricas que paralicen instalaciones críticas de la AAA, y se establece un mecanismo para facturar estos servicios a LUMA Energy o cualquier operador del sistema eléctrico. Afecta directamente a la AAA, a sus empleados y a los abonados del servicio de agua potable, así como al operador del sistema eléctrico.

Para añadir un nuevo inciso (z) a la Sección 4 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como la “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”, a los fines de prohibir a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) el cobro de cargos por concepto de instalación, conexión o construcción de acometidas en propiedades donde se demuestre la existencia física de dicha infraestructura; disponer que en tales casos la Autoridad solo podrá cobrar el depósito de garantía y los cargos administrativos mínimos de activación de cuenta; requerir inspección de campo previa; imponer a la Autoridad la carga de la prueba cuando alegue que la acometida preexistente es inservible o no cumple con los estándares de seguridad; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 1232, enmienda la Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico para prohibir que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) cobre cargos por instalación, conexión o construcción de acometidas de agua o alcantarillado si la infraestructura física ya existe en la propiedad. En tales casos, la AAA solo podrá cobrar un depósito de garantía y cargos administrativos mínimos de activación de cuenta. La medida exige una inspección de campo previa y traslada a la AAA la carga de probar que una acometida preexistente es inservible o insegura, requiriendo un informe técnico detallado antes de imponer nuevos cargos. Afecta directamente a ciudadanos que solicitan servicios de acueductos y alcantarillados y a la AAA en sus procesos de cobro y documentación.