Para añadir un nuevo artículo a la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de tipificar como delitos el cobro ilegal por asistencia en reclamaciones iniciales de veteranos, la prestación de servicios remunerados sin acreditación federal, el cobro de honorarios excesivos por representantes autorizados, y la realización de prácticas predatorias o de acceso indebido a información de veteranos; establecer agravantes, multas y restitución obligatoria; disponer mecanismos de coordinación interagencial para la investigación de estas conductas; autorizar la reglamentación necesaria; armonizar esta legislación con el marco federal aplicable; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de disponer que todo establecimiento comercial, desde donde una persona, natural o jurídica, proveedora de bienes y servicios que, por sí misma o a través de un oficial, agente, empleado, vendedor o representante del vendedor, realiza transacciones comerciales y ofrece para la venta o arrendamiento bienes o servicios a consumidores en Puerto Rico, de aplicarle, tendrá la obligación de diseñar y colocar en un lugar visible, un letrero, mediante el cual anuncie todo tipo de privilegios, descuentos u ofertas especiales que, como política institucional del comercio, se le extienden a los veteranos; y para otros fines relacionados.

La medida PS 346 buscaba enmendar la Ley 203-2007, conocida como la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI. Propone obligar a todo establecimiento comercial en Puerto Rico a diseñar y exhibir un letrero visible que anuncie los privilegios, descuentos u ofertas especiales dirigidos a veteranos. Afecta directamente a todos los comercios y a los veteranos que buscan acceder a estos beneficios.

Para enmendar el Artículo 4, inciso G subinciso (c) de la Ley 203 del 14 de diciembre de 2007, según enmendada, conocida como “Nueva Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, para que no se considere como ingreso para fines de determinación de elegibilidad de beneficios de asistencia pública, la pensión, ni ningún beneficio de asistencia a familiares cuidadores del Departamento de Asuntos de Veteranos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 203 de 2007 para que ciertas pensiones y beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos federal, como la Pensión Especial Mensual por Ayuda y Asistencia, beneficios para cuidadores, educativos y por exposición al Agente Naranja, no se consideren como ingreso. Esto aplica a veteranos y sus cónyuges sobrevivientes al determinar su elegibilidad para programas de asistencia pública en Puerto Rico, como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). La ley entraría en vigor al momento de su aprobación.

Para enmendar la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; la Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida como “Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; la Ley Núm. 255-2002, según enmendada, conocida como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”; y la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico", a los fines de fortalecer el régimen de prescripción aplicable a determinados delitos económicos y financieros; disponer el cómputo del término desde el descubrimiento del delito; establecer la suspensión de la prescripción por encubrimiento activo; armonizar la prescripción de los delitos subyacentes al lavado de dinero y al crimen organizado; establecer un tope absoluto de veinte (20) años para el ejercicio de la acción penal; disponer salvaguardas procesales compatibles con el debido proceso de ley; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1261 enmienda el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) y otras leyes (Ley 33-1978, Ley 255-2002, Ley 60-1963) para fortalecer el régimen de prescripción de delitos económicos y financieros. Propone que el término prescriptivo comience a contarse desde el descubrimiento del delito, se suspenda por actos de encubrimiento activo, y armoniza la prescripción de delitos subyacentes al lavado de dinero y crimen organizado. Establece un tope absoluto de 20 años desde la comisión del delito para la acción penal, e incluye salvaguardas procesales para el debido proceso. Afecta principalmente al sistema de justicia penal, a los fiscales en la persecución de estos delitos, y a los acusados.