Qué propone
Esta medida la Ley del Departamento de Seguridad Pública (Ley 20-2017) y la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (Ley 75-2019). Crea la función del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD) de desarrollar y mantener una base de datos electrónica en tiempo real sobre artículos de primera necesidad en posesión de agencias ejecutivas y . La Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) asistirá en su creación. Las agencias deberán proveer la información requerida en un plazo de 20 días laborables tras ser solicitadas.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la experiencia de Puerto Rico con desastres naturales, particularmente los huracanes Irma y María en 2017 y los terremotos de 2020. Estos eventos revelaron deficiencias en la respuesta gubernamental, incluyendo la distribución de suministros, lo que esta medida busca subsanar mediante la creación de una base de datos de artículos de primera necesidad.
En qué va
La medida fue de Puerto Rico el 27 de octubre de 2025, tras pasar por varias comisiones y recibir informes. Posteriormente, se solicitó y aprobó una en sala el 30 de octubre de 2025, enviando el texto final a la Cámara de Representantes.
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Última acción · 10 de noviembre de 2025
Referido a Comisión(es)
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Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para crear la “Ley para la Operación, Administración y Modernización del Sistema de Refugios de Emergencia de Puerto Rico”, a los fines de establecer un marco legal uniforme para la planificación, activación, operación y cierre de refugios de emergencia; definir responsabilidades interagenciales; establecer estándares mínimos de funcionamiento; crear un sistema integrado de información para la gestión de refugios; y para otros fines relacionados.
La medida crea la 'Ley para la Operación, Administración y Modernización del Sistema de Refugios de Emergencia de Puerto Rico'. Establece un marco legal uniforme para la planificación, activación, operación y cierre de refugios, define responsabilidades entre agencias como el Departamento de la Vivienda y el Negociado de Manejo de Emergencias, fija estándares mínimos de funcionamiento y crea un Sistema Integrado de Gestión de Refugios. Afecta directamente a las agencias gubernamentales involucradas en la respuesta a emergencias y a la ciudadanía que podría necesitar utilizar estos refugios.
“Para establecer la "Ley de Protección y Resiliencia de la Infraestructura Crítica de Puerto Rico", a fin de desarrollar un marco legal que garantice la seguridad, continuidad operativa y rápida recuperación de las infraestructuras esenciales ante desastres naturales y provocados por el ser humano; y para otros fines relacionados.”
Establece la 'Ley de Protección y Resiliencia de la Infraestructura Crítica de Puerto Rico'. Designa al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) como coordinador principal para identificar, clasificar y evaluar riesgos de la infraestructura esencial (energía, agua, telecomunicaciones, etc.). Crea un Comité de Protección de Infraestructura Crítica y exige a los operadores públicos y privados desarrollar e implementar planes de protección y resiliencia, sujetos a supervisión y posibles sanciones por incumplimiento. Busca asegurar la continuidad operativa y recuperación rápida ante desastres.
“Para añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 4.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, y un nuevo inciso (k) al Artículo 25 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, según enmendado, conocido como "Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011", con el propósito de fortalecer la coordinación entre ambas entidades, optimizar el tiempo de respuesta ante llamadas de emergencia relacionadas con los participantes del Programa de Servicios con Antelación al Juicio y las violaciones de órdenes de protección, establecer una línea única de atención y un número único de caso con información preentrada para cada participante; y para otros fines relacionados.”
Esta medida legislativa añade un nuevo inciso (j) al Artículo 4.04 de la Ley 20-2017 (Departamento de Seguridad Pública - DSPR) y un nuevo inciso (k) al Artículo 25 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011 (Departamento de Corrección y Rehabilitación - DCR). Su objetivo es crear un sistema integrado de información entre el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) y el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1. Busca establecer una línea única de atención y un número único de caso con información preentrada para cada participante del PSAJ, con el fin de optimizar el tiempo de respuesta ante emergencias y violaciones de órdenes de protección. Afecta directamente a los participantes del PSAJ, al personal del 9-1-1, a la Policía de Puerto Rico y a las víctimas o personas que requieren protección ante incidentes de emergencia relacionados con estos participantes.
Para enmendar el inciso (b) del Artículo 1.15 de la Ley Núm. 20 - 2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de uniformar los equipos de comunicaciones del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico; incorporar la estandarización de bandas de frecuencia de transmisión, con el fin de garantizar una comunicación más efectiva en todos los negociados al momento de atender una emergencia; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda el Artículo 1.15(b) de la Ley 20-2017, conocida como la Ley del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Añade a las funciones de la Oficina de Manejo de Información de Seguridad (OMIS) el deber de uniformar los equipos de comunicaciones y estandarizar las bandas de frecuencia de transmisión entre los negociados del DSP y la Policía de Puerto Rico. El objetivo es garantizar una comunicación más efectiva durante emergencias.
Para derogar la Ley 20-2017, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; reestablecer las disposiciones de la Ley 53-1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico; restablecer las disposiciones de la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”; restituir las disposiciones de la Ley 211-1999, según enmendada, conocida como “Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico”; restituir las disposiciones de la Ley 539-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; restablecer las disposiciones de la Ley 144-1994, según enmendada, conocida como “Ley de Llamadas 9-1-1”; restituir las disposiciones del Capítulo III del Plan 5-2011, mejor conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Justicia de 2011”; restituir las disposiciones del Plan de Reorganización 2-1993, según enmendado, conocido como “Comisión de Seguridad y Protección Pública”; disponer sobre los fondos federales que pudieron estar en riesgo por la aprobación del Departamento de Seguridad Pública mediante la Ley 20-2017; disponer sobre los empleados del Departamento de Seguridad Pública; disponer sobre las propiedades y equipos del Departamento de Seguridad Pública; establecer las transferencias de poderes y responsabilidades del DSP; derogar y disolver la Junta de Evaluación Médica, el Comité Ejecutivo de Seguridad de Puerto Rico y la Oficina de Manejo de Información de Seguridad; y para otros fines.
Esta medida legislativa propone derogar la Ley 20-2017, que creó el Departamento de Seguridad Pública (DSP), y restablecer las leyes y planes de reorganización que crearon agencias de seguridad pública de forma independiente. Esto incluye la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), el Cuerpo de Emergencias Médicas, el sistema 9-1-1, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y disposiciones del Departamento de Justicia. Afecta a todos los empleados, propiedades y responsabilidades que actualmente forman parte del DSP, transfiriéndolos de vuelta a sus respectivas agencias.
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