Para crear el “Programa de Internado Tecnológico del Servicio Público”, para brindar experiencia práctica a los estudiantes universitarios en las agencias e…

Contras

• •La medida establece que el programa será una pasantía sin salario, condicionada a que se otorguen créditos curriculares o se cumpla un requisito de graduación, y que la compensación se establecerá conforme a la Ley 114-2022. Sin embargo, la Ley 114-2022, Ley de Internados Justos, estipula que toda experiencia de internado debe ser remunerada mediante salario o estipendio equivalente al salario mínimo. El texto de la medida no garantiza una compensación mínima ni asignación presupuestaria, lo que crea un conflicto directo con la Ley 114-2022 y pone en riesgo la viabilidad fiscal y el cumplimiento de los derechos de los estudiantes.
• •La medida podría ser redundante y duplicar esfuerzos con la Ley 187-2024, que ya establece un marco uniforme para la creación y administración de programas de internado en las agencias del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo la adopción de reglamentos internos, criterios de selección y sistemas de evaluación. PRITS ya cuenta con un reglamento y programa de internado operativo en áreas tecnológicas, lo que sugiere que la legislación actual permite implementar internados especializados sin necesidad de una nueva ley.
• •La medida asigna funciones y coordina esfuerzos entre PRITS, DEPR y DTRH, pero no detalla una asignación presupuestaria específica ni recursos humanos adicionales para su implementación. Las agencias consultadas (PRITS, DEPR, OATRH, DTRH) señalaron la falta de recursos humanos y presupuestarios para asumir las funciones asignadas, y recomendaron someter análisis de impacto fiscal a la AAFAF y OGP, dada la ausencia de fuentes de financiamiento identificadas.
• •Las disposiciones sobre 'oportunidades de reclutamiento' para participantes del internado podrían interpretarse como excepciones al sistema de mérito y a los procesos uniformes de reclutamiento establecidos en la Ley 8-2017 (Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos), según advirtieron PRITS y la OATRH, generando inseguridad jurídica sobre la aplicación del sistema de mérito.