Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 144-2020, según enmendada, conocida como “Ley para Unificar las Funciones de los Agentes del Orden Público en Puerto Rico en el Caso de una Declaración de Emergencia o Desastre”, con el propósito de que se les reconozca, propiamente, como personal de primera respuesta o primeros respondedores en casos de emergencias a los agentes de orden público, según son definidos en dicha Ley; para incluir en la definición de “Agente del Orden Público”, al Administrador, Supervisores e Inspectores de Pesas y Medidas, Técnicos y Oficiales de la División de Pesas y Medidas del Departamento de Asuntos del Consumidor; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (f)(2) del Artículo 3.026 y el inciso 203 del artículo 8.001 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico” con el fin de redefinir el concepto de policía auxiliar, tanto como su alcance; y para otros fines.

La medida PS 131 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para redefinir el concepto y alcance del Policía Auxiliar. Elimina el requisito de certificación por el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico y lo reemplaza por una acreditación por el Comisionado de la Policía Municipal, sujeta a normas municipales. Se les otorga responsabilidades similares a las de un policía municipal y se les considera 'Agente del Orden Público' en el desempeño de sus funciones, con acceso a beneficios del Fondo del Seguro del Estado. Afecta directamente a los municipios y a los ciudadanos que deseen servir como policías auxiliares.

Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 20-2017, conocida como la "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", a los fines de añadir un nuevo inciso (k) que implemente un Programa de Paramédicos Interceptores dentro del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas (CEMPR); definir los paramédicos interceptores y los servicios prehospitalarios; establecer protocolos para el despacho selectivo, entrenamiento anual obligatorio, integración con sistemas de despacho, métricas anuales de evaluación incluyendo tasas de supervivencia y eficiencia operativa, y colaboración con entidades federales; alinear con políticas públicas federales de eficiencia en servicios de emergencias; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar la Ley Núm. 20-2017 para crear el Programa de Paramédicos Interceptores dentro del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas (CEMPR). Este programa autoriza el despacho selectivo de paramédicos con entrenamiento avanzado (ALS) para interceptar unidades de soporte vital básico (BLS) en emergencias de alto riesgo. Se establecen protocolos, entrenamiento anual obligatorio, integración de sistemas de despacho, métricas de evaluación (incluyendo tasas de supervivencia y eficiencia operativa), y colaboración federal. Afecta directamente al CEMPR, su personal y la prestación de servicios prehospitalarios a la ciudadanía.

Para derogar la Ley 20-2017, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; reestablecer las disposiciones de la Ley 53-1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico; restablecer las disposiciones de la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”; restituir las disposiciones de la Ley 211-1999, según enmendada, conocida como “Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico”; restituir las disposiciones de la Ley 539-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; restablecer las disposiciones de la Ley 144-1994, según enmendada, conocida como “Ley de Llamadas 9-1-1”; restituir las disposiciones del Capítulo III del Plan 5-2011, mejor conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Justicia de 2011”; restituir las disposiciones del Plan de Reorganización 2-1993, según enmendado, conocido como “Comisión de Seguridad y Protección Pública”; disponer sobre los fondos federales que pudieron estar en riesgo por la aprobación del Departamento de Seguridad Pública mediante la Ley 20-2017; disponer sobre los empleados del Departamento de Seguridad Pública; disponer sobre las propiedades y equipos del Departamento de Seguridad Pública; establecer las transferencias de poderes y responsabilidades del DSP; derogar y disolver la Junta de Evaluación Médica, el Comité Ejecutivo de Seguridad de Puerto Rico y la Oficina de Manejo de Información de Seguridad; y para otros fines.

La medida propone derogar la Ley 20-2017, que creó el Departamento de Seguridad Pública (DSP), y restablecer la autonomía y las estructuras legales previas de agencias como la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Cuerpo de Emergencias Médicas y el sistema 9-1-1. Busca disolver entidades creadas bajo el DSP, como la Junta de Evaluación Médica, y transferir poderes y responsabilidades de vuelta a las agencias individuales. Afecta directamente a los servidores públicos de estas agencias y a la estructura de gobernanza de la seguridad pública en Puerto Rico.