Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley federal “Americans with Dissabilities Act” (ADA, por sus siglas en inglés), Ley Pública 101-336, y en la Ley 238-2004, según enmendada, denominada como “La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, por parte del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo los gobiernos municipales; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley Núm. 22-2021, conocida como "Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico", por parte de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Gobierno de Puerto Rico, con el propósito de garantizar su cumplimiento efectivo y su impacto en la comunidad sorda del país; y para otros fines relacionados.

Esta medida, una Resolución del Senado, ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva. El propósito es evaluar la implementación de la Ley 22-2021, conocida como 'Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico', por parte de la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Busca asegurar el cumplimiento efectivo de dicha ley y su impacto en la comunidad sorda.

“Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 158-2015, según enmendada, conocida como “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en lo que concierne al proceso de nombramiento de las personas que han integrado el “Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos” durante los últimos diez (10) años; así como la legitimidad de las acciones tomadas por ese organismo, en caso de que se identifique que alguno o varios de sus integrantes ocupan o han ocupado el cargo de forma ilícita.”

La Resolución del Senado 181 (RS 181) ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación. El objetivo es evaluar el cumplimiento de la Ley 158-2015 (Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos) en cuanto a los nombramientos del Consejo Directivo de dicha Defensoría durante los últimos diez años. También se investigará la legitimidad de las acciones del Consejo si se determinan nombramientos ilícitos.

“Para ordenar a las comisiones de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional; y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación integral sobre el impacto de la carencia de intérpretes de lenguaje de señas en el sistema de justicia de Puerto Rico, con el propósito de evaluar el acceso efectivo de las personas sordas y con impedimentos auditivos a los procedimientos judiciales y administrativos, detectar deficiencias en el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes, y formular recomendaciones y medidas correctivas que garanticen el ejercicio pleno del derecho al debido proceso; y para otros fines relacionados.”

Esta medida ordena a las Comisiones de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional; y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva. El propósito es evaluar el impacto de la falta de intérpretes de lenguaje de señas en el sistema de justicia, identificar deficiencias en el cumplimiento de leyes y normativas, y proponer recomendaciones correctivas para garantizar el debido proceso a personas sordas y con impedimentos auditivos. Afecta directamente a las personas con impedimentos auditivos que interactúan con el sistema judicial y administrativo, así como a las comisiones senatoriales encargadas de la investigación.