Para enmendar los artículos 3.10 (e) y 5.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de establecer el deber del oficial de orden público, de los fiscales del Departamento de Justicia y del juez que preside los procedimientos, de orientar a la parte peticionaria sobre los derechos que le asisten; y para otros fines relacionados.

Pros

• •Asegura que las víctimas de violencia doméstica reciban información proactiva y clara sobre sus derechos y los procedimientos legales al momento de solicitar una orden de protección, lo cual puede mejorar su acceso a la justicia y seguridad.
• •Establece un deber específico para funcionarios clave del sistema (policía, fiscalía, judicatura), lo que formaliza y eleva la importancia de la orientación a las víctimas dentro del marco legal existente.
• •Busca empoderar a las partes peticionarias al garantizar que comprendan sus derechos, reduciendo la posibilidad de que la falta de conocimiento limite su capacidad para buscar o mantener una orden de protección.
• •La medida, al ser aprobada sin votos en contra en la Cámara, sugiere un amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer la protección y el acceso a la información para las víctimas de violencia doméstica.