Para enmendar los Artículos 1-104 y 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico; para disponer que los funcionarios antes mencionados puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de vida y treinta (30) años de servicio; extender por excepción la edad de retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) años; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Los alguaciles del Poder Judicial, al ser incluidos en la categoría de 'Servidores Públicos de Alto Riesgo', y todos los funcionarios actualmente clasificados como 'Servidores Públicos de Alto Riesgo' que se beneficiarán de la extensión de la edad de retiro obligatorio y las dispensas.

Preocupa a:

El Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno, por el potencial impacto financiero y actuarial de otorgar beneficios de retiro anticipado y extender la edad de retiro sin una clara provisión de fondos adicionales.

Quién paga o decide:

El costo de nómina y operación asociado a los beneficios de retiro es sufragado por las aportaciones del Gobierno y los empleados al Sistema de Retiro. Las dispensas de retiro obligatorio, si se aprueban, son decididas por la 'autoridad nominadora correspondiente' del funcionario.