Para crear la “Ley de la Capacidad del Padre y la Madre Joven”; añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 638, enmendar el Artículo 639 y añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 687 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico de 2020”; y añadir un nuevo Artículo 19-B a la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, conocida como “Ley del Registro General Demográfico de Puerto Rico”, a los fines de reconocer como una de las clases de emancipación la paternidad o maternidad a menores que ya hayan cumplido los 18 años de edad y establecer la forma en que se reconocerá la capacidad de los menores de edad que hayan cumplido 16 años de poder inscribir a sus hijos o hijas en el Registro Demográfico, y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 5, 13 y 21 de la Ley de Adopción de Puerto Rico, Ley 61-2018, para realizar enmiendas en cuanto a los mecanismos de “acuerdo de adopción voluntaria durante el embarazo” y “entrega voluntaria”, la capacidad jurídica de las madres y padres mayores de dieciocho (18) años para actuar a su amparo; y para aclarar que las disposiciones del Artículo 21 están enmarcadas dentro del mecanismo de entrega voluntaria contenido en el Artículo 5 dicha disposición legal.

El Proyecto del Senado 305 enmienda la Ley de Adopción de Puerto Rico (Ley 61-2018) y el Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020) para otorgar capacidad jurídica plena a padres biológicos entre 18 y 21 años para consentir en acuerdos de adopción y entregas voluntarias de sus hijos, sin requerir la intervención de sus propios progenitores (abuelos del menor) o tutores. Esto aplica a los Artículos 5, 13 y 21 de la Ley de Adopción, y los Artículos 584, 598 y 599 del Código Civil. La medida busca agilizar y clarificar estos procesos, reconociendo la autonomía de los jóvenes padres en decisiones cruciales sobre el futuro de sus hijos.

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 1540 de la Ley 55-2020, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de establecer balance entre los progenitores; incluir a los adoptantes como parte de la responsabilidad de la culpa o negligencia de sus hijos; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 479, enmienda el Artículo 1540(a) del Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020). Busca establecer la responsabilidad solidaria de ambos progenitores (biológicos o adoptantes) por los daños causados por sus hijos menores de edad no emancipados, independientemente de quién tenga la custodia física. Esto afecta directamente a padres, madres, padres y madres adoptantes, y a los menores que causen daños.

Para enmendar la Ley Núm. 92 de 26 de junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley para Autorizar a las Instituciones Financieras a Recibir Depósitos en Cuenta Corriente o en Ahorro de Cualquier Persona Mayor de Diez y Ocho (18) Años de Edad”, así como, el Artículo 4.01 de la Ley 255-2002, según enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito del 2002", y los Artículos 7.1, 11.03 y 34.1 de la Ley 239-2004, según enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004", a los fines de ampliar la emancipación legal especial a favor de los jóvenes de dieciséis (16) años para que puedan solicitar y utilizar los servicios financieros en las instituciones bancarias de Puerto Rico; permitir que sean admitidos como socios en las cooperativas de tipos diversos; enmendar la definición de "Socios Trabajadores"; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar varias leyes (Ley Núm. 92-1965, Ley 255-2002 y Ley 239-2004) para permitir que jóvenes de dieciséis (16) años puedan solicitar y utilizar servicios financieros en instituciones bancarias y ser admitidos como socios en cooperativas de ahorro y crédito y de tipos diversos. Busca ampliar la emancipación legal especial para estos fines, equiparando su capacidad de acceso a servicios financieros con su capacidad para integrarse a la fuerza laboral desde esa edad. Esto afecta directamente a jóvenes de 16 y 17 años que buscan independencia financiera y a las instituciones financieras que deberán adaptar sus procesos.