Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con el “Puerto Rico Innovation and Technology Service”, a actualizar la aplicación de CESCO Digital para integrar permanentemente en esta el permiso de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres, luego de que se haya satisfecho el pago de los derechos correspondientes; enmendar el Artículo 2.13 y el inciso (c) Artículo 2.49 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a fin de establecer que el permiso de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres integrado permanentemente en la aplicación CESCO Digital, podrá ser utilizado por los conductores como una herramienta suplementaria o sustitutiva válida de autorización para transitar por las vías públicas de Puerto Rico.

Para enmendar la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de permitir la radicación digital de querellas sobre accidentes de tránsito mediante la aplicación CESCO Digital; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 4.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) para permitir que los conductores notifiquen accidentes de tránsito que no fueron investigados por la policía en el lugar, a través de la aplicación CESCO Digital. La notificación digital deberá cumplir con requisitos de verificación de identidad, geolocalización, evidencia fotográfica y firma electrónica. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en coordinación con PRITS, desarrollará los reglamentos y la funcionalidad necesaria.

Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas que imparta las instrucciones al Centro de Servicios al Conductor, para que incluyan en la plataforma de CESCO Digital el registro o licencia de velúculo virtual; y ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico que imparta instrucciones al Negociado de Patrullas de Carreteras o su entidad sucesora y a las demás divisiones de la Policía para que sus agentes del orden público acepten como válida la evidencia de vigencia de la registración o licencia de vehículo virtual, reflejada mediante el marbete digital o los registros electrónicos disponibles en la aplicación de CESCO Digital.

Esta Resolución Conjunta ordena al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que instruya al Centro de Servicios al Conductor (CESCO) a incluir el registro o licencia de vehículo virtual en la plataforma CESCO Digital. Simultáneamente, instruye al Superintendente de la Policía a que sus agentes acepten como válida la evidencia digital de la vigencia del registro o licencia del vehículo, ya sea a través del marbete digital o registros electrónicos en CESCO Digital. La medida busca formalizar la aceptación de estas pruebas digitales por parte de la Policía y entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación, requiriendo un informe de gestiones a la Asamblea Legislativa en 15 días.

Para enmendar los Artículos 10, 11 y 15 de la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973, según enmendada, conocida como “Ley para Regular el Negocio de Áreas para el Estacionamiento Público de Vehículos de Motor a los fines de atemperar las disposiciones de Petición de Reconsideración y Solicitud de Revisión Judicial, a las disposiciones de la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico de 2017”; reconocer que los operadores de este tipo de negocio aceptaran la licencia del conductor y licencia del vehículo en su formato digital a través de la aplicación de teléfono del CESCO ; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar la Ley Núm. 120 de 1973 para modernizar los procesos de petición de reconsideración y solicitud de revisión judicial, alineándolos con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017). También, autoriza a los operadores de estacionamientos públicos a aceptar licencias de conductor y de vehículo en formato digital a través de la aplicación CESCO Digital. Esto aplica a los operadores de negocios de estacionamiento público y a los ciudadanos que utilizan estos servicios.