Para enmendar los Artículos 2.04, 2.08, 2.23 ; añadir los nuevos Artículos, 2.02-A, 2.04-A, 2.26 y 2.27 a la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de establecer una nueva estructura organizacional para el Departamento de Educación; crear las posiciones de Subsecretario, Principal Oficial Financiero y Principal Oficial de Informática; disponer sus cualificaciones, funciones y deberes; transformar al Subsecretario para Asuntos Académicos y Programáticos en el Principal Oficial Académico; establecer la coordinación entre éstos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso b. al Artículo 4.01 de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, mejor conocida como la Ley de “Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de asegurar que las escuelas especializadas están dirigidas por Directores Escolares que tengan preparación académica en la materia especializada de su escuela para así poder servir mejor al estudiantado; y otros asuntos relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para requerir que los nuevos Directores de Escuelas Especializadas posean un mínimo de 12 créditos universitarios en la materia especializada de la escuela que dirigirán. El objetivo es asegurar que estos directores tengan una preparación académica pertinente para apoyar mejor a maestros y estudiantes. La ley afecta a aspirantes a directores de escuelas especializadas y al Departamento de Educación, que deberá actualizar sus reglamentos en 60 días.

Para enmendar el Subinciso (24), Inciso (b), Artículo 2.04 de la Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, que autoriza y faculta al Secretario del Departamento de Educación a gestionar, instar, aceptar, recibir y administrar, a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cualesquiera fondos, cosas materiales y derechos sujetos al dominio, textos, obras o algún otro bien que sea asignado, provisto, donado o suministrado por el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América o sus dependencias; a los fines de que se establezca un inventario detallado de todos los recursos y bienes recibidos bajo dicho estatuto, designados para el desarrollo y progreso de las bibliotecas públicas del país, el que se notificará anualmente a dichas instituciones públicas con el propósito de que puedan tener un efectivo y real acceso a los bienes y fondos.

La medida propone enmendar la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para facultar explícitamente al Secretario del Departamento de Educación a gestionar fondos y recursos federales destinados al desarrollo de bibliotecas públicas y escolares. Se establece el mandato legislativo de crear un inventario detallado de todos los bienes y recursos recibidos bajo esta facultad, el cual deberá ser notificado anualmente a las bibliotecas públicas y escolares del país para asegurar su acceso efectivo a dichos fondos y materiales.

Para enmendar los Artículos 2.06 y 3.03 de la Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018, según enmendada, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de requerir la designación permanente de al menos un Oficial Examinador en cada una de las siete (7) Oficinas Regionales Educativas del Departamento de Educación, con el propósito de agilizar los procedimientos disciplinarios y la adjudicación de medidas cautelares aplicadas al personal escolar; establecer que dicha designación no conlleva impacto fiscal adicional; y para otros fines relacionados.

La medida PS 885 propone enmendar la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley Núm. 85 de 2018) para exigir que cada una de las siete (7) Oficinas Regionales Educativas (ORE) del Departamento de Educación cuente permanentemente con al menos un Oficial Examinador. El propósito es agilizar los procedimientos disciplinarios y la adjudicación de medidas cautelares para el personal escolar, centralizando estas funciones a nivel regional en lugar de depender exclusivamente de la Oficina Central en San Juan. Se establece que esta designación no implicará un costo fiscal adicional, sino una reasignación de personal existente.