PS 1087

Para enmendar el Artículo 3.012; y añadir los nuevos incisos (6) y (7) y reenumerar los actuales incisos (6) al (288) como incisos (8) al (290)…

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Para enmendar el Artículo 3.012; y añadir los nuevos incisos (6) y (7) y reenumerar los actuales incisos (6) al (288) como incisos (8) al (290), respectivamente, al Artículo 8.001 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de clarificar quiénes son considerados como adquirentes voluntarios y adquirientes involuntarios, así como el alcance de la responsabilidad de éstos en torno a lo dispuesto en el Artículo 3.010 del Código Municipal de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

La medida PS 1087 el Artículo 3.012 y añade incisos al Artículo 8.001 de la Ley 107-2020 (Código Municipal de Puerto Rico). Busca clarificar quiénes son considerados 'adquirentes voluntarios' e 'involuntarios' de inmuebles y delimitar la responsabilidad de estos últimos por deudas de gastos comunes (Artículo 3.010). Específicamente, define a los acreedores hipotecarios que adquieren un inmueble en cobro de crédito como 'adquirentes involuntarios' y limita su responsabilidad a los últimos seis meses de deuda previa y el balance corriente. También añade definiciones al Artículo 8.001 y establece que la disposición tendrá efecto retroactivo a la Ley 107-2020.

Pros

•Clarifica la responsabilidad de los acreedores hipotecarios que adquieren propiedades en cobro de crédito, limitando su responsabilidad por deudas de gastos comunes (Artículo 3.010) a los seis meses previos a la adquisición y el balance corriente. Esto busca proteger la seguridad jurídica de las transacciones hipotecarias y el acceso al crédito, según la exposición de motivos.
•Establece una penalidad de dos veces el importe adeudado, más costas y honorarios de abogado, contra propietarios que no informen a un adquirente voluntario sobre gravámenes existentes por gastos comunes, incentivando la transparencia en las transacciones inmobiliarias.
•Define explícitamente en el Artículo 8.001 qué se considera un 'adquiriente involuntario' (todo acreedor hipotecario, sin excepción, que adquiere un inmueble para proteger su acreencia) y un 'adquiriente voluntario' (quien adquiere deliberadamente como un buen negocio), reduciendo la ambigüedad legal.

Contras

•La medida, al limitar la responsabilidad de los 'adquirentes involuntarios' (incluyendo acreedores hipotecarios) a solo seis meses de deuda previa más el balance corriente, podría desproteger a las asociaciones de residentes y consejos de propietarios de urbanizaciones y comunidades, quienes podrían dejar de cobrar deudas significativas acumuladas por propietarios anteriores que no fueron cubiertas por el acreedor hipotecario.
•La retroactividad de la medida (Sección 3) a la entrada en vigor de la Ley 107-2020 podría generar incertidumbre y litigios en casos donde ya existan sentencias o resoluciones finales y firmes, o donde terceros de buena fe hayan adquirido derechos basados en la interpretación legal previa, a pesar de que la ley intenta aplicar la norma más favorable al adquirente involuntario hipotecario.
•Aunque la medida busca clarificar, la definición de 'adquiriente voluntario' como 'Persona que, luego de ejercer su criterio en el curso usual de los negocios, deliberadamente adquiere el bien inmueble porque le resulta un buen negocio' podría ser susceptible a interpretaciones judiciales, especialmente en casos de subastas o adjudicaciones donde la 'voluntariedad' puede ser debatida.
•La medida no aborda explícitamente cómo se manejarán las deudas de gastos comunes que excedan los seis meses previos a la adquisición por parte de un acreedor hipotecario, dejando un vacío potencial en la recuperación de fondos para el mantenimiento de áreas comunes en casos de ejecuciones hipotecarias prolongadas o con deudas sustanciales.

Intereses en juego

Beneficia a:: Acreedores hipotecarios y entidades financieras que adquieren propiedades en cobro de crédito, al limitar su responsabilidad por deudas de gastos comunes anteriores a la adquisición. También beneficia a compradores convencionales, donatarios, herederos, legatarios y permutantes que adquieren propiedades, al clarificar que no son solidariamente responsables por deudas anteriores si se les considera 'adquirentes voluntarios' y el vendedor no informa de los gravámenes.
Preocupa a:: Asociaciones de residentes, juntas o consejos de propietarios de urbanizaciones y comunidades, quienes podrían enfrentar dificultades para recuperar deudas de gastos comunes acumuladas por propietarios anteriores que no sean cubiertas por el acreedor hipotecario bajo la nueva limitación de seis meses.
Quién paga o decide:: Los municipios, a través de sus asociaciones de residentes, son los organismos que imponen y recaudan las cuotas de gastos comunes. La implementación de la medida y la resolución de disputas recaerán en los tribunales y foros administrativos. Los costos de implementación y litigio asociados a la clarificación de responsabilidades recaen sobre las partes involucradas en las transacciones inmobiliarias y las asociaciones de residentes.

Perspectiva histórica

La medida se enmarca en la evolución del Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, que unificó la legislación previa para agilizar la gobernanza local y consolidar la autonomía municipal. La clarificación de responsabilidades de adquirentes de inmuebles por deudas de gastos comunes es un aspecto específico de la administración municipal que busca optimizar los procesos de cobro y la estabilidad financiera de los ayuntamientos, un tema central en la historia de la autonomía municipal y la recaudación de ingresos.

En qué va

La medida PS 1087 fue el 18 de febrero de 2026, aprobada con por el Senado el 22 de junio de 2026, y enviada a la Cámara de Representantes, donde tuvo su primera lectura el 24 de junio de 2026 y fue referida a comisión.

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Trámite legislativo

Última acción · 21 de octubre de 2026

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Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 25 (89%)En contra: 1 (4%)Ausente: 2 (7%)

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Votación

Senado · Aprobada

22 de junio de 2026

25 A favor1 En contra2 Ausente

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Qué propone

Pros

•Clarifica la responsabilidad de los acreedores hipotecarios que adquieren propiedades en cobro de crédito, limitando su responsabilidad por deudas de gastos comunes (Artículo 3.010) a los seis meses previos a la adquisición y el balance corriente. Esto busca proteger la seguridad jurídica de las transacciones hipotecarias y el acceso al crédito, según la exposición de motivos.
•Establece una penalidad de dos veces el importe adeudado, más costas y honorarios de abogado, contra propietarios que no informen a un adquirente voluntario sobre gravámenes existentes por gastos comunes, incentivando la transparencia en las transacciones inmobiliarias.
•Define explícitamente en el Artículo 8.001 qué se considera un 'adquiriente involuntario' (todo acreedor hipotecario, sin excepción, que adquiere un inmueble para proteger su acreencia) y un 'adquiriente voluntario' (quien adquiere deliberadamente como un buen negocio), reduciendo la ambigüedad legal.

Contras

•La medida, al limitar la responsabilidad de los 'adquirentes involuntarios' (incluyendo acreedores hipotecarios) a solo seis meses de deuda previa más el balance corriente, podría desproteger a las asociaciones de residentes y consejos de propietarios de urbanizaciones y comunidades, quienes podrían dejar de cobrar deudas significativas acumuladas por propietarios anteriores que no fueron cubiertas por el acreedor hipotecario.
•La retroactividad de la medida (Sección 3) a la entrada en vigor de la Ley 107-2020 podría generar incertidumbre y litigios en casos donde ya existan sentencias o resoluciones finales y firmes, o donde terceros de buena fe hayan adquirido derechos basados en la interpretación legal previa, a pesar de que la ley intenta aplicar la norma más favorable al adquirente involuntario hipotecario.
•Aunque la medida busca clarificar, la definición de 'adquiriente voluntario' como 'Persona que, luego de ejercer su criterio en el curso usual de los negocios, deliberadamente adquiere el bien inmueble porque le resulta un buen negocio' podría ser susceptible a interpretaciones judiciales, especialmente en casos de subastas o adjudicaciones donde la 'voluntariedad' puede ser debatida.
•La medida no aborda explícitamente cómo se manejarán las deudas de gastos comunes que excedan los seis meses previos a la adquisición por parte de un acreedor hipotecario, dejando un vacío potencial en la recuperación de fondos para el mantenimiento de áreas comunes en casos de ejecuciones hipotecarias prolongadas o con deudas sustanciales.

Intereses en juego

Beneficia a:: Acreedores hipotecarios y entidades financieras que adquieren propiedades en cobro de crédito, al limitar su responsabilidad por deudas de gastos comunes anteriores a la adquisición. También beneficia a compradores convencionales, donatarios, herederos, legatarios y permutantes que adquieren propiedades, al clarificar que no son solidariamente responsables por deudas anteriores si se les considera 'adquirentes voluntarios' y el vendedor no informa de los gravámenes.
Preocupa a:: Asociaciones de residentes, juntas o consejos de propietarios de urbanizaciones y comunidades, quienes podrían enfrentar dificultades para recuperar deudas de gastos comunes acumuladas por propietarios anteriores que no sean cubiertas por el acreedor hipotecario bajo la nueva limitación de seis meses.
Quién paga o decide:: Los municipios, a través de sus asociaciones de residentes, son los organismos que imponen y recaudan las cuotas de gastos comunes. La implementación de la medida y la resolución de disputas recaerán en los tribunales y foros administrativos. Los costos de implementación y litigio asociados a la clarificación de responsabilidades recaen sobre las partes involucradas en las transacciones inmobiliarias y las asociaciones de residentes.

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En qué va

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