Para añadir un nuevo Artículo 74, y reenumerar los actuales artículos del 74 al 90, como los artículos del 75 al 91, respectivamente, en la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, con el propósito de integrar en esta, las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 225 de 23 de julio de 1974, según enmendada, comúnmente llamada como “Ley del Servicio de Ambulancias en Puerto Rico”; enmendar los artículos 4, 6, 12, 13 y 17 de la Ley 310-2002, según enmendada, mediante la cual se crea la Junta Reguladora de Licenciamiento y Disciplina de la Técnica de Emergencias Médicas de Puerto Rico, adscrita a la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud del Departamento de Salud, con el propósito de hacerle enmiendas técnicas y aclarar que, no corresponderá Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos de Puerto Rico otorgarle licencias a los técnicos de emergencias médicas para poder ejercer su profesión; derogar la Ley Núm. 225 de 23 de julio de 1974, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 7, 8, 10, 17, 21, 22 y 27 de la Ley 139-2008, según enmendada, conocida como "Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica", a los fines de facilitar el proceso de obtención de documentos que son requeridos para solicitud o recertificación de la licencia provistos por instituciones, universidades o entidades autorizadas por medios electrónicos; eliminar la premédica como requisito para la solicitud de la reválida; facilitar la obtención de la licencia de Puerto Rico a médicos que cuenten con licencia en la jurisdicción federal y desean establecerse en Puerto Rico para ejercer la medicina; facultar a los abogados de la Junta a atender los casos de impericia profesional; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda varios artículos de la Ley 139-2008, 'Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica'. Busca agilizar la obtención de documentos para licencias médicas mediante medios electrónicos, eliminar el requisito de 'premédica' para la reválida, facilitar la obtención de licencias a médicos con licencias federales que deseen ejercer en Puerto Rico, y facultar a los abogados de la Junta para manejar casos de impericia profesional. Afecta principalmente a aspirantes a médicos, médicos con licencias en otras jurisdicciones, y la propia Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

Para establecer la “Ley para Reglamentar la Profesión del Embalsamamiento en Puerto Rico”; y derogar la Ley Núm. 6 de 9 de marzo de 1967, según enmendada.

La medida establece la nueva Ley para Reglamentar la Profesión del Embalsamamiento en Puerto Rico, derogando la ley de 1967. Define la profesión, establece la política pública de salvaguardar la salud pública y la dignidad humana, y clarifica la responsabilidad administrativa para embalsamadores licenciados y funerarias que permitan la práctica por personas no autorizadas. La Junta Examinadora de Embalsamadores de Puerto Rico se faculta para investigar y sancionar infracciones con multas de $500 a $10,000, suspensión de licencia, o cierre de establecimientos.

Para añadir un nuevo Artículo 73-A en la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, con el propósito de integrar en esta, las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 1 de 16 de mayo de 1972, según enmendada, mediante la cual se declara, en su totalidad, la actividad de transporte o carga de agregados por vías públicas para fines comerciales e industriales en Puerto Rico, como una actividad de interés público, a los fines de lograr y preservar el equilibrio deseable que debe existir entre la fuerza humana dedicada a tal actividad y la demanda o necesidad de los agregados para fines comerciales e industriales en Puerto Rico; derogar la Ley Núm. 1 de 16 de mayo de 1972, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Esta medida añade un nuevo Artículo 73-A a la Ley de Servicio Público (Ley 109 de 1962) para integrar la regulación del transporte y carga de agregados por vías públicas. El Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NETS) obtendrá jurisdicción total sobre esta actividad, requiriendo permisos para quienes transportan o contratan dicho transporte. Se establece una obligación para los dueños del material de contratar servicios bajo tarifas aprobadas por el Negociado y pagar a los transportistas en un plazo de quince (15) días.