Para añadir un nuevo Artículo 73-A en la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, con el propósito de integrar en esta, las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 1 de 16 de mayo de 1972, según enmendada, mediante la cual se declara, en su totalidad, la actividad de transporte o carga de agregados por vías públicas para fines comerciales e industriales en Puerto Rico, como una actividad de interés público, a los fines de lograr y preservar el equilibrio deseable que debe existir entre la fuerza humana dedicada a tal actividad y la demanda o necesidad de los agregados para fines comerciales e industriales en Puerto Rico; derogar la Ley Núm. 1 de 16 de mayo de 1972, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (i) del Artículo 3.06 y el Artículo 17.01 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, a los fines de disponer que será jurisdicción exclusiva del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) reglamentar las escuelas que ofrezcan adiestramientos conducentes a la obtención de licencias de chofer, de conductor de vehículos pesados de motor y sus subdivisiones, y de conductor de tractor o remolcador con o sin arrastre o semiarrastre, o de cualquier otra categoría análoga que sea creada por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) para otorgar jurisdicción exclusiva al Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) sobre la reglamentación, supervisión y fiscalización de las escuelas que preparan conductores para licencias de chofer, vehículos pesados y tractores/remolcadores. El NTSP podrá establecer y cobrar aranceles y cargos relacionados con estas escuelas, y crear nuevas categorías de licencias y sus reglamentos asociados.

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, conocida corno "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra", a los fines de cumplir con la política pública de centralizar los procesos de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos o la dependencia gubernamental que le sustituya; y para otros fines para relacionados.

Esta medida enmienda la Ley Núm. 132 de 1968 para centralizar la concesión de permisos para la extracción de arena, grava y piedra en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP). El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) mantendrá la fiscalización de estos permisos. Se establecen nuevos plazos para la evaluación de permisos, se detallan factores para su otorgamiento o denegación, y se definen procedimientos para vistas públicas, renovaciones y revocaciones. Afecta directamente a solicitantes de permisos de extracción y a las agencias gubernamentales involucradas.

Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico”, a los fines de ampliar su acceso a fondos, otorgarle mayor autonomía administrativa y agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura crítica; excluir a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de las disposiciones de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, permitiéndole gestionar sus propios procesos sin interferencias burocráticas; y para otros fines relacionados

Esta medida enmienda la Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para ampliar su acceso a fondos, otorgarle mayor autonomía administrativa y agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura crítica. Busca excluir a la AFI de las disposiciones de la Ley de Centralización de Compras (Ley 73-2019), permitiéndole gestionar sus propios procesos de adquisición sin la supervisión de la Administración de Servicios Generales (ASG). Esto afectaría directamente a la AFI, a las agencias gubernamentales que dependen de su asistencia, y en última instancia, a la ciudadanía a través de la celeridad en la ejecución de obras de infraestructura.