Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico”, a los fines de ampliar su acceso a fondos, otorgarle mayor autonomía administrativa y agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura crítica; excluir a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de las disposiciones de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, permitiéndole gestionar sus propios procesos sin interferencias burocráticas; y para otros fines relacionados

Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico”, a los fines de ampliar su acceso a fondos, otorgarle mayor autonomía administrativa y agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura crítica; excluir a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de las disposiciones de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, permitiéndole gestionar sus propios procesos sin interferencias burocráticas; y para otros fines relacionados

El Proyecto de la Cámara 1167 propone enmendar la Ley 44 de 1988 para ampliar el acceso de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) a fondos, otorgarle mayor autonomía administrativa y agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura crítica. Específicamente, excluye a la AFI de las disposiciones de la Ley 73-2019 (centralización de compras) para que gestione sus propios procesos de adquisición. También amplía su capacidad para recibir y administrar fondos federales y estatales, y para proveer asistencia a organizaciones sin fines de lucro. Afecta directamente a la AFI, las agencias gubernamentales, municipios y organizaciones sin fines de lucro que dependen o interactúan con la infraestructura pública.

Para enmendar los artículos 3 y 8 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico”, con el propósito de crear un Comité Intergubernamental encargado de confeccionar un plan para el estudio, establecimiento, implantación, desarrollo, financiamiento, construcción y manejo del “Sistema de la Reserva Estratégica de Combustible de Puerto Rico”, el cual consistirá de un sistema de tanques de abastecimiento de combustibles para mitigar el impacto de cualquier emergencia que acontezca en Puerto Rico, debido a desastres creados por la naturaleza o causados por el hombre; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFIPR) para crear un Comité Intergubernamental. Este comité tendrá la responsabilidad de elaborar un plan integral para el estudio, establecimiento, desarrollo, financiamiento, construcción y manejo de un Sistema de la Reserva Estratégica de Combustible de Puerto Rico. El objetivo es contar con un sistema de tanques de abastecimiento para mitigar los efectos de emergencias, ya sean naturales o provocadas por el hombre.

Para añadir un inciso (k) al Artículo 33 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de establecer requisitos de capacidad financiera mínima para licitadores en procesos de evaluación y adjudicación de propuestas relacionadas con la reconstrucción del País, sufragadas total o parcialmente con fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA); disponer un mecanismo excepcional para la atención de trabajos o daños ocultos no previsibles que, de no atenderse, provocarían la paralización total de las obras; establecer salvaguardas, certificaciones y procesos de validación por parte de la entidad contratante; extender su aplicabilidad a agencias, corporaciones públicas, municipios y otras entidades cobijadas por el ordenamiento de subastas y contratación pública; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 1073 propone añadir un inciso (k) al Artículo 33 de la Ley 73-2019 (Ley de Centralización de Compras). Establece que licitadores en proyectos de reconstrucción financiados total o parcialmente con fondos FEMA deben demostrar una capacidad financiera mínima adicional del 20% del monto de la propuesta para cubrir trabajos o daños ocultos imprevistos. También crea un mecanismo excepcional para atender y pagar dichos trabajos, con salvaguardas y certificaciones, y extiende esta exigencia a agencias, corporaciones públicas y municipios.