Para enmendar el Artículo 35 de la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como “Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, a los fines de disponer que los menores a ser evaluados médicamente serán atendidos prioritariamente por los hospitales o instalaciones de servicios de salud; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (hh) del Articulo 3 y añadir un inciso (d) al Artlculo 69 de la Ley 57-2023, conocida como "Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores", con el propósito de establecer una "orden de protección duradera" en aquellos casos de abuso sexual contra personas menores, cuya vigencia será hasta que la victima cumpla la edad de dieciocho (18) años; y para otros fines.

La medida PS 169 buscaba enmendar la Ley 57-2023 para crear una 'orden de protección duradera' en casos de abuso sexual contra menores. Esta orden tendría una vigencia extendida hasta que la víctima cumpla 18 años, incluso si una orden previa ya venció. El propósito es asegurar protección continua si el Centro de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual (CIMVAS) valida el abuso después de que expire una orden inicial, independientemente de si hay un proceso penal en curso. Afecta directamente a menores víctimas de abuso sexual y a los tribunales que emiten estas órdenes.

Para establecer la "Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico11, a los fines de proteger la integridad física y emocional de los niños y adolescentes, prohibiendo prácticas médicas que puedan generar consecuencias irreversibles en su desarrollo natural; y para otros fines relacionados.

La medida establece la "Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico". Prohíbe tratamientos médicos, incluyendo cirugías y terapias hormonales (bloqueadores de pubertad, estrógeno, testosterona), dirigidos a alterar el sexo biológico de menores de 21 años. Impone penas de 15 años de reclusión, multas de hasta $50,000 para entidades jurídicas y la revocación de licencias profesionales que atiendan a menores de esta edad.

“Para enmendar la Ley 57-2023 añadiendo un nuevo Artículo 51(a) para establecer responsabilidad penal de delito grave con una pena fija de reclusión de dos (2) años, en aquellos casos donde exista conocimiento o sospecha de agresión sexual contra un menor y se incumpla con el deber de suministrar información, o se deje de realizar algún otro acto requerido por esta ley, o que a sabiendas impida que otra persona actuando en forma razonable lo haga, o que a sabiendas suministre información falsa o aconseje a otra persona para que lo haga, y para que aquella persona que suministre información sobre la sospecha de agresión sexual a un menor que se determine es infundada y cuya consecuencia natural o probable se estime ha sido interferir con el ejercicio legítimo de la custodia, relaciones paternofiliales y de la patria potestad, será referida por el Departamento de la Familia al Departamento de Justicia para su evaluación y el procesamiento ulterior que corresponda, y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda la Ley 57-2023 para añadir un Artículo 51(a) que establece una penalidad de delito grave con una pena fija de dos (2) años de reclusión para cualquier persona, funcionario o institución (pública o privada) que, teniendo conocimiento o sospecha de agresión sexual contra un menor, incumpla su deber legal de informar, impida a otro hacerlo, o suministre información falsa. También dispone que la información falsa o infundada que interfiera con la custodia o relaciones paterno-filiales será referida al Departamento de Justicia para posible procesamiento.