“Para enmendar la Ley 57-2023 añadiendo un nuevo Artículo 51(a) para establecer responsabilidad penal de delito grave con una pena fija de reclusión de dos (2) años, en aquellos casos donde exista conocimiento o sospecha de agresión sexual contra un menor y se incumpla con el deber de suministrar información, o se deje de realizar algún otro acto requerido por esta ley, o que a sabiendas impida que otra persona actuando en forma razonable lo haga, o que a sabiendas suministre información falsa o aconseje a otra persona para que lo haga, y para que aquella persona que suministre información sobre la sospecha de agresión sexual a un menor que se determine es infundada y cuya consecuencia natural o probable se estime ha sido interferir con el ejercicio legítimo de la custodia, relaciones paternofiliales y de la patria potestad, será referida por el Departamento de la Familia al Departamento de Justicia para su evaluación y el procesamiento ulterior que corresponda, y para otros fines relacionados.”

Para enmendar los Artículos 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, y 3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” a los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”.

Esta medida enmienda la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) para alinear sus delitos y penas con el Código Penal de 2012. Específicamente, modifica el Artículo 2.8 (Incumplimiento de Órdenes de Protección) a un delito grave de tercer grado con una pena fija de 8 años y supervisión electrónica obligatoria si la sentencia es suspendida. El Artículo 3.1 (Maltrato) se modifica a un delito grave de cuarto grado con pena fija de 3 años, eliminando la necesidad de probar un patrón de conducta para constituir el delito, incluyendo violencia digital. Afecta directamente a personas acusadas de violencia doméstica y a las víctimas, al modificar el marco penal aplicable.

Para enmendar el Artículo 35 de la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como “Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, a los fines de disponer que los menores a ser evaluados médicamente serán atendidos prioritariamente por los hospitales o instalaciones de servicios de salud; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 35 de la Ley 57-2023 para obligar a los hospitales e instalaciones de salud a dar atención prioritaria a menores bajo custodia provisional del Departamento de la Familia para sus evaluaciones médicas y psicológicas. El Departamento de Salud tendrá 60 días para adoptar reglamentación. Afecta directamente a estos menores, al Departamento de la Familia y a las facilidades de salud.

Para enmendar los Artículos 2, 3, 4 y 5; añadir los nuevos Artículos 6 y 7; y reenumerar los actuales Artículos 6, 7 y 8 como Artículos 8, 9 y 10 a la Ley 149-2019, según enmendada, conocida como la ‘Ley Habilitadora para establecer el Plan ROSA’, a los fines de establecer plazos específicos y una alerta preliminar para la activación del Plan; integrar la utilización de sistemas tecnológicos mediante coordinación con la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS); reestructurar la composición y funciones del Comité Coordinador del Plan; disponer la implantación de una campaña educativa permanente de prevención y orientación ciudadana; crear un Registro Central de Casos del Plan ROSA; disponer un programa anual de capacitación interagencial; y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda la Ley 149-2019 (Plan ROSA) para agilizar la respuesta ante la desaparición de mujeres mayores de 18 años. Establece un plazo máximo de una (1) hora para que la Policía evalúe y active el Plan ROSA tras una notificación, e introduce una 'Alerta Preliminar' interna de hasta seis (6) horas. Integra sistemas tecnológicos coordinados con PRITS para difusión de alertas y reestructura el Comité Coordinador del Plan ROSA, añadiendo representación de la Procuraduría de las Mujeres, NMEAD, PRITS y alcaldes. También crea un Registro Central de Casos del Plan ROSA y dispone una campaña educativa permanente.