“Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; enmendar la Sección 8, del Artículo VI, de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como “Ley de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 30.020, 31.020 y 31.031 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”; a los fines de garantizar el derecho de toda mujer a seleccionar y recibir atención directa de un ginecólogo-obstetra, en adición a su médico primario, bajo el plan de cuidado de salud al que esté acogida, hasta un (1) año después del parto; para disponer que las aseguradoras autoricen al obstetra a diagnosticar, manejar y tratar las condiciones de las pacientes durante el embarazo y el posparto, sin requerir un referido o autorización previa del médico primario; atemperar las disposiciones legales pertinentes; y para otros fines relacionados.”

“Para añadir un nuevo Artículo 3A a la Ley 156-2006, según enmendada, conocida como “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-parto”, a los fines de extender el derecho de acompañamiento a toda evaluación en sala de emergencias relacionada al embarazo, independientemente de si ha comenzado el proceso de parto; y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda la Ley 156-2006 para añadir un nuevo Artículo 3A, extendiendo el derecho de acompañamiento a toda mujer embarazada que acuda a una sala de emergencias hospitalaria por cualquier motivo relacionado con su embarazo, independientemente de si el parto ha comenzado. El derecho aplica desde la llegada al hospital hasta el postparto inmediato, cubriendo etapas de observación, triage o evaluación gineco-obstétrica. Solo se permite restringir este derecho por razones médicas o de seguridad institucional debidamente documentadas por escrito en el expediente médico.

“Para enmendar los Artículos 6, 10 y 12, y añadir un nuevo Artículo 11, a la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Salud”; añadir un nuevo inciso (y) y reenumerar los actuales incisos (y) al (hh) de la Sección 1 del Artículo III como incisos (z) al (ii), respectivamente, enmendar la Sección 2 del Artículo IV y las Secciones 4, 6, 15 y 18 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, denominada “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; añadir un nuevo inciso (l) al Artículo 2 y reenumerar los actuales incisos (l) al (v) como incisos (m) al (w), respectivamente, añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 5, enmendar el inciso (b) del Artículo 8, enmendar el inciso (e) del Artículo 9, enmendar el Artículo 10 y añadir un nuevo inciso (i) al Artículo 12 de la Ley 194-2000, según enmendada, denominada “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; enmendar el Artículo 2 y añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 4 de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, denominada “Ley de Facilidades de Salud”, con el fin de reformar elementos esenciales del sistema de salud de Puerto Rico para extender protecciones y derechos adicionales a las personas con diversidad funcional en su interacción con las proveedoras de servicios de salud, las organizaciones de seguros de salud, y las agencias gubernamentales que reglamentan o canalizan dichos servicios; y para establecer otras disposiciones complementarias.”

La medida propone reformar aspectos esenciales del sistema de salud de Puerto Rico mediante enmiendas a varias leyes clave: la Ley Orgánica del Departamento de Salud (Ley 81-1912), la Ley de la Administración de Seguros de Salud (Ley 72-1993), la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente (Ley 194-2000) y la Ley de Facilidades de Salud (Ley 101-1965). El objetivo principal es extender protecciones y derechos adicionales a las personas con diversidad funcional en su interacción con proveedores de servicios de salud, aseguradoras y agencias gubernamentales relacionadas. Busca incorporar un lenguaje más inclusivo y compasivo, reemplazando términos como 'discapacidad' o 'impedimento' por 'diversidad funcional', y estableciendo la necesidad de 'acomodos razonables' para garantizar el acceso a servicios médicos dignos y libres de discrimen.

“Para proclamar la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra de la violencia obstétrica como un asunto de derechos humanos; establecer una causa de acción civil especial por daños sufridos a causa de violencia obstétrica; y para decretar otras disposiciones complementarias.”

El Proyecto del Senado 445 buscaba proclamar la política pública contra la violencia obstétrica como un asunto de derechos humanos y establecer una causa de acción civil especial para reclamar daños por esta causa. La medida definía la violencia obstétrica y proponía que el personal de salud incurriera en responsabilidad civil, pagando el doble de los daños causados, por diversas omisiones o actos como negar atención, prohibir acompañantes, alterar partos de bajo riesgo, agredir verbal o físicamente, humillar, negar medicación contra el dolor, o realizar procedimientos sin consentimiento informado. Afectaba directamente a personas gestantes, parturientas y lactantes, así como al personal de salud en el ámbito obstétrico.